El PP de Torrent critica el retraso de tres años para reabrir el aparcamiento

La entrada al aparcamiento Juan Carlos I. / lp
La entrada al aparcamiento Juan Carlos I. / lp

Los populares recuerdan que el Ayuntamiento recuperó las instalaciones en 2015 y que han pedido su apertura hasta en tres ocasiones

ADA DASÍ TORRENT.

El anuncio de la reapertura del aparcamiento Juan Carlos I, por parte del equipo de Gobierno, para la primera quincena de marzo, ha provocado las críticas del Grupo Municipal Popular que advierte que este hecho «tenía que haberse producido hace tres años», cuando el Consistorio «recuperó las instalaciones». Desde la formación, denuncian esta demora y su portavoz, Amparo Folgado, recuerda que «desde el 30 de junio de 2015 en que se podía haber abierto el parking a los vecinos de Torrent, ha estado casi tres años cerrado y sin dar servicio».

Los populares recuerdan que, un mes después, «solicitamos al alcalde, Jesús Ros, que lo abriera de forma gratuita durante las fiestas patronales ya que el aparcamiento era propiedad municipal desde hacía un mes, pero no nos hizo caso».

Folgado también señala que esta petición se repitió hasta en tres ocasiones más. «En julio de 2016 y de 2017 volvimos a exigir que se abriera el aparcamiento pero no conseguimos que el alcalde hiciera caso a nuestra solicitud».

La formación también apunta a los socialistas como responsables de la situación que desembocó en el cierre definitivo del aparcamiento y el pleito con el Ayuntamiento. Según explican, «fue licitado en 2005 por el gobierno del PSOE y adjudicado a la única empresa que se presentó por 50 años».

«Las obras no se iniciaron hasta 2007 ya con el gobierno del PP. Al finalizar, la mercantil concesionaria solicitó aumentar los precios porque se habían aumentado los costes de edificación por lo que la obra se paralizó. El aparcamiento no abrió hasta el 2011 pero a los pocos meses al no cumplirse la previsión de la adjudicataria, cerró sus puertas», comentan.

Tras esto, el Consistorio creó una comisión de seguimiento y control «para asegurar el servicio y conseguir una mayor explotación pero la empresa renunció e interpuso un contencioso para liquidar el contrato». Ya en el año 2014, el Consejo Jurídico Consultivo emitió un dictamen en el que dio la razón al Ayuntamiento para resolver en contrato con la empresa.

«Los populares en el gobierno negociaron con la mercantil la entrega de las llaves y la gestión que pasó a ser municipal en el año 2015. Una parte fue abonada a principios de año y el 30 de junio de 2015 se pagó el resto del rescate de la concesión», concluyen.

La recuperación de las instalaciones a manos municipales ha supuesto un coste de cuatro millones de euros para las arcas locales. Esto ha provocado que los socialistas recriminen en varias ocasiones a los populares el alto precio que se ha pagado, aunque las acusaciones mutuas ante este problema han sido constantes entre ambos partidos, unos por ocasionar el problema y otros por resolverlo por un coste tan elevado, al que tuvo que destinarse la inversión prevista para la reurbanización de Camí Real.

Las criticas del PP también se centran en la «privatización» de las instalaciones. «Quienes venían a municipalizar todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento y que criticaban al PP por privatizador, no solo no han remunicipalizado ningún servicio público de los que prometieron sino que continúan apostando por la colaboración público privada que siempre ha defendido el Partido Popular», añaden.

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