La suspensión de licencias por el centro de menores tensa el Pacte del Batà

Representantes de Compromís y vecinos, ayer en las puertas del Ayuntamiento. / lp
Representantes de Compromís y vecinos, ayer en las puertas del Ayuntamiento. / lp

El edil de Urbanismo de Compromís se niega a ejecutar el acuerdo plenario y el PSPV le advierte de que lo expulsará del Gobierno si «prevarica»

MARINA COSTA PATERNA.

La decisión plenaria de suspender temporalmente la concesión de licencias para uso asistencial en Paterna, en relación al proyecto del centro de menores proyectado en Montecañada, abrió ayer una brecha en el Pacte del Batà. La decisión plenaria, respaldada por PSPV, PP, Cs y los ediles no adscritos, contó con el rechazo de los dos socios de gobierno, Compromís y Pasip, además de EU.

Horas después de las votaciones, la tensión fue a más con un cruce de comunicados. El concejal de Urbanismo, Carles Martí, fue tajante. «En ningún momento voy a ejecutar un acuerdo que atenta contra los derechos de los niños y niñas». El representante de Compromís afirmó que, para ser «fiel» a los acuerdos del Gobieno del Batà, no llevará adelante «la decisión tomada por PSPV, PP y Cs de paralizar las políticas sociales y de protección de la infancia porque esto supone atentar contra los derechos de los niños y niñas que más necesitan del apoyo y aprecio de los vecinos y vecinas de Paterna».

Martí se pronunció en estos términos al acabar el pleno, donde «se ha ejecutado la amenaza de paralizar las licencias para la instalación de una casa de acogida para niños y niñas en el barrio de Montecanyada, sin tener en cuenta que la ley ampara el derecho superior del menor por encima de otras consideraciones».

«No se va a permitir que Compromís actúe al margen de la ley», alertaron los socialistas El PP pidió al alcalde que cese al edil Martí hasta que la publicación en el DOGV haga efectiva la resolución

Martí puso en entredicho la «legalidad» de este acuerdo, puesto que la suspensión de licencias «no tiene ningún fundamento jurídico. Tan solo es una voluntad política totalmente contraria a los acuerdos del Batà y a las políticas que el Consell del Botànic está llevando a cabo en materia de protección de menores».

En otro comunicado, sus socios de Gobierno, el PSPV, anunciaron que «si Compromís prevarica con la concesión de licencias, sin poder hacerlo, será expulsado del Gobierno de Paterna». Desde el Ejecutivo recordaron que la suspensión de licencias se aplica a todo el término y llega tras la «alarma social» que generó la instalación de un tanatorio en el barrio de Santa Rita y la que se ha vuelto a despertar «en el barrio de Montecañada ante la posible instalación de un centro de menores y por la ubicación de un centro de discapacitados psíquicos y drogodependientes en el barrio de Alborgí».

Desde el Equipo de gobierno recalcaron que «si realmente miran por los intereses de Paterna, impulsarán los otros dos acuerdos aprobados en la moción, es decir, realizar un estudio urbanístico y articular un proceso de participación, que en menos de tres meses, podría estar solucionado». «No se va a permitir que Compromís actúe al margen de la ley. Lamentamos que puedan utilizar el mismo método que en su día hizo el PP de Paterna, la prevaricación».

Por su parte, el Partido Popular pidió al alcalde, Juan Antonio Sagredo, «cesar al teniente alcalde de Urbanismo, Carles Martí, hasta la publicación en el DOGV del acuerdo aprobado hoy (por ayer) en el pleno».

La portavoz María Villajos remarcó que el acuerdo plenario «no será válido hasta su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), siendo posible todavía la concesión de la licencia solicitada, dado que el área de urbanismo está bajo la potestad de Compromís per Paterna»

Para los populares la ubicación de un centro de menores en Montecanyada, es debido principalmente «a la nula planificación de la Conselleria de Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, puesto que ello ha supuesto el cierre del centro de menores ubicado en Monteolivete, lo que ha conllevado el intento de reubicar a los menores en otras localidades, como Buñol, l'Eliana o Llíria».

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