Los policías acusados de acoso a una concejala de Paiporta se querellan contra ella y la alcaldesa

La concejala, Beatriz Jiménez, y al fondo la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín. / lp
La concejala, Beatriz Jiménez, y al fondo la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín. / lp

Los oficiales subrayan que «se ha atentado contra su honor personal y familiar» y acusan a las mandatarias de «verter injurias y calumnias»

DANIEL NAVARRO/EFE PAIPORTA.

Los tres policías locales de Paiporta acusados de acosar a la concejala de Hacienda y Administración General, Beatriz Jiménez, por haber denunciado y anulado una oposición irregular de plazas de agentes, se han querellado contra esta edil y contra la alcaldesa del municipio, Isabel Martín, por «verter constantes injurias y calumnias».

En esta línea, los afectados anunciaron ayer la presentación de una querella contra ambas y contra «las personas y medios de difusión pública responsables».

Según afirmaron los oficiales, no han ejercido «ninguna amenaza ni coacción» sino «más bien al contrario» cuando se mantiene a un interino sin haber superado las pruebas de selección en su puesto «por el mero hecho de tener una relación sentimental» con la concejala, «impidiendo que los verdaderos aptos no lo hagamos».

Las responsables dijeron sentirse «intimidadas» por el hecho de tener los agentes «acceso a armas»Los denunciantes aseguran que «no consta ninguna denuncia por este asunto si se sentían atemorizadas»

Esta situación se produce después de que la semana pasada el Ayuntamiento de Paiporta condenara públicamente el supuesto acoso de estos policías y denunciara que la concejala había sido sometida a «un seguimiento durante muchos días» en los que «la fotografiaron e hicieron seguimiento de sus actividades», así como las de su hijo menor de edad.

Según el Ayuntamiento, esta vigilancia ha corrido a cargo de detectives privados contratados por los policías después de «la revisión de oficio de una oposición convocada de manera fraudulenta por el anterior gobierno local», que detentaba el PP. Por su parte, los policías acusados señalan que existe un procedimiento penal abierto en el Juzgado de instrucción número 2 de Torrent contra la concejala y la alcaldesa por un presunto delito de prevaricación, «al estar impidiendo de forma consciente y con un claro interés personal» el cumplimiento de una sentencia firme dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Valencia que obliga al consistorio «a dejarnos acceder a nuestras plazas».

Pese a ello, indican, la concejala y la alcaldesa «han elaborado un sinfín de procedimientos jurídicos no válidos con la única intención de no cumplir con lo señalado judicialmente». Ese «incumplimiento» responde, según manifiestan, a cuestiones «de interés personal», entre otros por «la presunta existencia de una relación sentimental entre la concejala y el interino».

Los policías encargaron un informe a un detective privado que acreditó, según aseguran, la relación sentimental entre ambos, y que las políticas han hecho público «con la única finalidad de tergiversar y enmascarar la realidad» y sin «decir nada de forma intencionada» sobre la relación sentimental.

De igual manera, los denunciantes recalcaron que las responsables dijeron sentirse «intimidadas y atemorizadas» al tener los agentes «acceso a las armas». Por ello, criticaron que «no conste ni una sola denuncia contra nosotros, si tan intimidadas se sienten las referidas señoras».

De igual manera, aseveraron que «por seriedad y respeto a las Instrucciones Judiciales no vamos a hacer más declaraciones públicas, dejando el caso en manos de la Justicia».

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