El contrato de los fotorrojos se alargó hasta 2019, un mes antes de elecciones

Uno de los semáforos de Catarroja. / lp
Uno de los semáforos de Catarroja. / lp

La entonces presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Soledad Ramón, firmó el documento por el retraso administrativo

ADA DASÍ CATARROJA.

El contrato de los fotorrojos que se firmó en diciembre de 2014 no concluirá en el mismo mes de este año. Un documento firmado por la entonces presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud y alcaldesa de Catarroja, Soledad Ramón, un mes antes de las elecciones de mayo de 2015, permite que el convenio siga en vigor hasta el 28 de febrero de 2019. La empresa solicitó esta ampliación a tenor del «retraso administrativo» del proceso para la implantación de este sistema en los seis municipios que se adhirieron a la iniciativa.

En principio, los Ayuntamientos afectados por el aluvión de multas de los fotorrojos habían anunciado que concluiría en diciembre de 2018, pero la aparición de este nuevo documento acaba con las expectativas de terminar con el problema en un año y deja un margen de dos meses más que no hace más que acrecentar las críticas por la implantación de este sistema que ha cazado a miles de conductores saltándose los semáforos, en los dos años que está funcionando.

El Ayuntamiento de Catarroja fue el más crítico con la instalación de las cámaras ya que en sus primeros meses se llegaron a registrar más de 15.000 multas que hicieron que los afectados se unieran en plataformas y comenzaran a poner en duda su «legalidad». El equipo de Gobierno acababa de asumir la alcaldía y tuvo que hacer frente a este problema heredado del Ejecutivo anterior popular que lideraba Soledad Ramón.

Por ello, el Consistorio catarrojense es el que más empeño ha puesto en buscar informes que determinen si los fotorrojos «son ilegales» para poder rescindir el contrato de forma inmediata. Cuando ya se pensaba que se había dado un paso en este sentido con la sentencia del Tribunal Supremo, un informe jurídico de la Mancomunitat sentenciaba que no hay «razones legales» para hacerlo y que el fallo del Supremo no entra en la «legalidad» del sistema. Esto ha sido un nuevo espaldarazo para los afectados por las multas que se cuentan por miles.

Nada más hacerse pública la sentencia, el Ayuntamiento de Catarroja recibió multitud de llamadas interesándose por cómo recuperar el dinero de las sanciones que ascienden a 200 euros, para los que no la abonaron en primera instancia.

Pero la respuesta sigue siendo la misma, «no hay ningún informe que avale que podemos rescindir el contrato sin pagar la indemnización», señalan fuentes municipales que añaden que «la población no tiene el por qué pagar que otros se salten los semáforos». Y es que la cantidad de multas recogidas el pasado mes de octubre asciende a más de 900, a pesar de las advertencias y la publicidad que se ha dado al tema.

Ante la imposibilidad de poder rescindir el contrato, en Catarroja se tomaron diversas medidas «legales», como la señalización de los fotorrojos y la ampliación de los segundos en los que el disco permanece en ámbar, ya que solo saltan cuando el vehículo sobrepasa el semáforo en rojo.

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