El aumento del 600% del canon pone en peligro el puerto de Port Saplaya

Varios barcos amarrados en Port Saplaya.
Varios barcos amarrados en Port Saplaya. / lp

Los amarristas advierten de un «éxodo masivo» por la subida de las tarifas y denuncian que el Consistorio «busca tomar el control de la zona»

DANIEL NAVARRO ALBORAYA.

La tradicional estampa de decenas de barcos amarrados frente a las viviendas de Port Saplaya podría pasar a mejor vida en cuestión de semanas. Así lo advirtieron ayer los amarristas que hacen uso de este muelle que amenazan con dejar la instalación desierta ante «el descomunal aumento de las tarifas de ocupación de amarres».

Los afectados advirtieron que la modificación de las condiciones para estacionar las embarcaciones a puesto «al límite» la situación en esta instalación, y que si no se busca una solución, la mayoría podría abandonar este espacio «ante las mejores condiciones y los precios más bajos que hay en puertos de las inmediaciones».

Todos ellos recibieron una carta durante las últimas semanas desde la Empresa de Gestión Urbanística y Servicios de Alboraya (Egusa), encargada del mantenimiento de la zona, informando que «la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio autoriza al Ayuntamiento de Alboraya para continuar con la explotación del Puerto Deportivo de Port Saplaya por un plaza de tres meses prorrogable hasta un máximo de tres años».

Sin embargo, de acuerdo con la misiva, «la Generalitar modifica las condiciones debido a la entrada en vigor de la Ley de Puertos de la Generalitat Valenciana, aplicando a nuestro puerto la nueva tasa para instalaciones náutico deportivas, lo que supone un incremento del canon de casi un 600%, respecto a lo que los usuarios venía pagando hasta ahora».

Desde le empresa pública anunciaron también que «el citado incremento del canon obliga a adoptar diversas medidas para asegurar el equilibrio económico del puerto, de manera que todos los amarres pasan a régimen de alquiler, aplicando la caducidad de las titularidades que se produjo en Diciembre de 2005».

Los usuarios añadieron que «lo que no puede ser es que de un amarre que se pagaba 90 euros mensuales se pase a pagar casi 170, sin que se produzca ninguna mejora de los servicios». «Son precios más altos que los que hay, por ejemplo, en la Marina Real, y aquí no tenemos ni vigilancia, ni marineros, ni luz; y encima la zona está totalmente abandonada y casi sin mantenimiento», manifestaron.

De igual manera, acusaron al Ejecutivo de «no estar interesado en que sigamos haciendo uso del puerto» y de «querer tomar el control de la instalación con ánimo lucrativo».

Los más de 200 usuarios se reunirán hoy, junto a portavoces de diferentes agrupaciones políticas de la oposición, y no descartan «llevar a cabo protestas y movilizaciones», con el objetivo de terminar con esta situación.

«Cumpliendo las leyes»

«Simplemente estamos cumpliendo las leyes», explicó el presidente de Egusa, Agustín Martí, que subrayó que «estas personas ya saben que no son propietarios de los amarres porque su concesión ha caducado y ahora tienen que pasar a ser alquilados».

En esta línea, el responsable recordó que «lo que no puede ser es que pretendan que todo el dinero que hay que pagar ahora de más por el valor del puerto, lo sufrague el Ayuntamiento con fondos de las cuentas municipales, porque sería usar dinero de todos los vecinos para un servicio que solo emplean unos pocos».

El portavoz recalcó que «entendemos el malestar de los usuarios y estamos dispuestos a sentarnos a hablar con un interlocutor». «Nos gustaría poder ir todos juntos a intentar mediar con la Conselleria y ver que podemos hacer».

En concreto, Martí confirmó que en el Ayuntamiento «no estamos conformes con la valoración de dos millones de euros que se hace de este puerto» y recordó que «Port Saplaya es una barrio muy singular y con unas características muy especiales al estar el embarcadero integrado en la urbanización, la Conselleria no puede regirse con las reglas de tasaciones de cualquier otro puerto».

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