La asociación de Catarroja reparte alimentos de urgencia a domicilio

Ca la Mare interpone un contencioso por la decisión del Ayuntamiento de precintar el local donde ejerce su actividad

ADA DASÍ CATARROJA.

La Asociación benéfica de catarroja Ca la Mare pretende mantener su actividad para las 235 familias que dependen del reparto de alimentos, a pesar de que el Ayuntamiento de Catarroja precintara el local donde desarrollan su labor humanitaria porque «carece de licencia de actividad» y «no tiene plan de emergencias», como señalaron fuentes municipales.

Su presidenta, Giovanna Rodríguez, explica que hace dos días comenzaron a entregar en cada domicilio de sus beneficiarios un saco de patatas «para que tengan algo que comer» mientras dura el cierre cautelar de sus instalaciones. «Los hemos recogido de las donaciones que recibimos y los hemos repartido», señala. Una de estas usuarias, Petra, explicaba que acudió a los Servicios Sociales, tal y como recomendó el Consistorio, «pero solo me han dado papeles, y de papeles no se come», comentó la mujer a su salida, quien iba todos los días a por alimentos a las instalaciones de la asociación, y como ella, otras personas que han interpuesto instancias para solicitar ayuda alimentaria.

En este sentido, Giovanna, advierte que «nosotros estamos cubriendo una necesidad que no cubre los Ayuntamientos y que es la ayuda urgente e inmediata para que nadie se quede sin comer». «A algunos de nuestros beneficiarios, que no son de Catarroja, les han dicho que el Consistorio no es un supermercado», añade la presidenta.

Mientras tanto, desde la entidad se ha presentado un contencioso en el juzgado contra la decisión de la administración local porque, como explica Giovanna, «vulnera el domicilio de una entidad privada que recoge la Constitución en su artículo 18.1» y «también otros artículos como el 41, el 39.1 y el 22, sobre el asociacionismo».

Según la presidenta el Ayuntamiento de Catarroja, «utilizando sus herramientas de poder, como es la Policía Local» ha cometido «un delito de abuso del derecho y de autoridad», con el precinto del local «abocando a nuestra asociación al cese de la actividad que venimos ejerciendo desde mayo de 2015 y que es alimentar a personas en riesgo de exclusión social». Con el contencioso, la asociación espera que se «levante el cierre cautelar de forma urgente» para poder «seguir dando de comer a nuestros usuarios».

Además, Giovanna recuerda que en el local «hay alimentos perecederos». «De hecho teníamos los lotes que íbamos a repartir fuera de las cámaras y se habrán estropeado», al tiempo que anuncia que «levantaremos un acta notarial para pedir daños y perjuicios». De igual forma, advierte que otras entidades benéficas con las que colabora, también se han quedado sin suministros.

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