Archivada la querella contra la alcaldesa y una edil de Paiporta por una oposición policial

Isabel Martín, alcaldesa de Paiporta. / lp
Isabel Martín, alcaldesa de Paiporta. / lp

El auto de la jueza apunta que dicha actuación «no puede calificarse como delictiva, al efectuarse al amparo de un informe del Consejo Jurídico Consultivo»

DANIEL NAVARRO PAIPORTA.

El juzgado número 2 de Torrent ha comunicado el sobreseimiento de la querella iniciada por diferentes exagentes de la Policía Local de Paiporta contra la alcaldesa de la localidad, Isabel Martín, y la concejala de Hacienda y Administración General, Beatriz Jiménez, pertenecientes a la formación Compromís, por anular un proceso de oposición a Policía Local.

El juez alega en el auto de sobreseimiento que las actuaciones llevadas a cabo por las dirigentes «no pueden calificarse como delictivas, concretamente constitutivas de un delito de prevaricación administrativa, dado que se efectuaron al amparo de lo que se dispone en un informe del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Comunidad Valenciana».

El caso hace referencia a una oposición de policías impulsada por el anterior alcalde del Partido Popular, Vicente Ibor, y el exconcejala de Interior, Esther Gil, ahora en la oposición. En el procedimiento se ofertaron dos plazas de agente de policía y se convocaron seis, sin hacer caso de los informes del secretario y la técnica de personal, que avisaron en todo momento de la ilegalidad del proceso, según informaron fuentes del Consistorio.

El fallo señala que las regidoras cumplieron la sentencia al revisar de oficio el proceso selectivo El anterior Ejecutivo ofertó dos plazas, convocó seis y posteriormente despidió a tres agentes

«En el mes de mayo de 2015, un mes y medio después de finalizar el proceso y con las elecciones perdidas, Vicente Ibor deshizo toda la oposición con un decreto de alcaldía y despidió a tres aspirantes. El nuevo gobierno de Paiporta tomó posesión al mismo tiempo que los tres agentes denunciaban el Ayuntamiento al contencioso-administrativo. Un año después, la jueza sentenció que se les tenía que readmitir, cuando hubieron hecho el curso pertinente del Ivaspe», apuntaron.

«La magistrada fundamentó su decisión en que el decreto de Ibor era ilegal, y recordó al Ayuntamiento que, si creía que se había actuado de manera negligente, tenía que hacer una revisión de oficio. Y esto es el que llevó a cabo el nuevo gobierno municipal. Ante las dudas que ofrece todo el proceso, decidió enviar todo el expediente al CJC», detallaron desde el Ayuntamiento.

«Mientras la entidad estudiaba la documentación, los tres agentes plantearon un incidente de ejecución de sentencia para obligar al Ayuntamiento a readmitirlos lo más pronto posible, a pesar de que no habían realizado la formación exigida. En el mes de mayo de 2017, sin respuesta al incidente, sin haber hecho todavía el curso y sabiendo que el expediente estaba en el CJC, los tres agentes denunciaron en fiscalía a la alcaldesa y la concejala por no haber ejecutado la sentencia», apuntaron.

El proceso acabó en el juzgado que, después de instruir diligencias, ha decretado el sobreseimiento libre de la causa puesto que el informe del CJC «excluiría la posibilidad de una actuación flagrante contra el ordenamiento administrativo» y, por lo tanto, considera procedente acordar este sobreseimiento «para no ser constitutivo de infracción penal los hechos denunciados» por estos agentes. Coincidiendo con el sobreseimiento, la jueza del contencioso-administrativo número 7 de Valencia ha dictado auto en que también da la razón a la alcaldesa y la concejala, puesto que considera que la sentencia se entiende ejecutada con la revisión de oficio.

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