Los amarristas de Port Saplaya se rebelan y no pagarán la subida del canon de un 600%

Los amarristas de Port Saplaya durante la reunión celebrada ayer en el Club Náutico. / lp

Los usuarios del puerto constituyen una asociación y exigen «una reunión urgente» con el alcalde de Alboraya

DANIEL NAVARRO ALBORAYA.

Cerca de un centenar de usuarios del puerto de Port Saplaya constituirán una asociación de amarristas afectados «ante el atropello que el Ayuntamiento de Alboraya está cometiendo con las personas que utilizamos esta instalación».

Así lo anunciaron los afectados después de la reunión realizada ayer en el Club Náutico de Port Saplaya y en la que exigieron una reunión con el alcalde del municipio, Miguel Chavarría, después de que desde la Empresa de Gestión Urbanística y Servicios de Alboraya (Egusa), encargada del mantenimiento de la zona, informaran recientemente de un aumento del canon de uso de la instalación de un 600% y de la transformación de los propietarios de los amarres en alquilados.

«El Consistorio nos quiere arrebatar nuestros amarres y no lo vamos a consentir», detallaron los afectados, que manifestaron que «el Ejecutivo está incumpliendo la ley y busca someternos en esta ilegalidad». En esta línea, los usuarios recordaron que «según el reglamento de este puerto los amarristas dejaríamos de ser los propietarios cuando terminara la concesión actual y saliese una nueva. Por el momento lo único que hay es otra prórroga de la misma por parte de la Conselleria, pero con una nueva tasación mucho más elevada», señalaron.

De igual manera, recalcaron que «queremos que nos den las explicaciones oportunas y nos justifiquen porque se está actuando así». Asimismo, recordaron que «estamos al corriente de nuestros pagos hasta septiembre, cuando nos llegue el nuevo recibo, si la empresa pública aumenta el precio de sus servicios, no lo vamos a pagar».

«Hemos acordado hacernos cargo de pagar las tasas de la Conselleria, pero lo que no vamos a permitir es que Egusa nos quiera pasar unos gastos multiplicados por unos servicios que siguen siendo los mismos que se han prestado hasta ahora». Recientemente, los amarristas criticaron que con los últimos cambios «por un amarre estándar se va a pasar a pagar de 90 euros mensuales a 170, teniendo una instalación sin vigilancia, ni marineros, ni luz».

Por su parte, el presidente de la empresa pública, Agustín Martí, aplaudió la iniciativa de estos amarristas, pero recordó que «es Egusa quien tiene transferidas todas las competencias sobre el puerto de Port Saplaya y que la asociación tiene que reunirse conmigo, no con el alcalde de Alboraya».

El portavoz advirtió de que «aquellos que se nieguen a pagar «se enfrentan a una oleada masiva de denuncias». Igualmente, Martí recalcó que «los servicios que se prestan en esta instalación van a seguir siendo los mismos de siempre y al mismo precio» y que «el incremento de los gastos será directamente proporcional al aumento de la tasación que ha llevado a cabo la Conselleria de Obras Públicas».

Además añadió que «el Ayuntamiento de Alboraya ya no tiene la concesión del puerto y lo que tiene es una autorización de como máximo tres años. Esta situación ha obligado a cambiar también las condiciones de los usuarios que hacen uso del puerto, un asunto que fue decidido por unanimidad por toda la Junta Directiva del Consejo de Egusa en la cual están representadas todas las formaciones políticas municipales».

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