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Torrent condena la represión franquista a las fallas de hace 60 años

El pleno aprueba una declaración institucional contra estos hechos que provocaron la 'tombà' de los monumentos

ADA DASÍ

Sábado, 6 de mayo 2017, 01:34

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Cuando se cumple el 60 aniversario de la 'tombà' de las fallas de Torrent, el Ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional, a propuesta de Compromís, que condena esta medida de «represión franquista» contra la expresión popular del movimiento fallero que mantuvo en silencio las calles durante un periodo de diez años.

En la propuesta, Compromís recuerda las consecuencias que se derivaron de la prohibición del régimen, a través de una orden de Gobernación Civil emitida el 18 de marzo de 1957, de bailar en las calles y lo califica como «un ataque a la libertad personal». Como respuesta, el sector fallero, compuesto por aquel entonces por seis comisiones, se sublevó tumbando sus fallas. Aquella noche hubo «disparos al aire y se cortó la luz en toda la ciudad». En la declaración se condena esta decisión y se tacha de «un hecho negro que hay que olvidar».

El concejal popular, Boro Císcar, quien además es autor de un estudio sobre estos hechos, señaló que constituyen «un ataque a la libertad colectiva del pueblo» y que es «lo más grave que ha ocurrido en la historia de las Fallas de Valencia». Císcar añadió que esa misma noche se produjeron «nueve detenciones de jóvenes y agresiones en dependencias municipales». Además, los hechos provocaron la destitución del alcalde de la época.

«Esta declaración es de justicia porque hace 60 años que en pleno extraordinario se acordó aplicar la ley del silencio sobre los hechos ocurridos aquella noche», añadió el concejal, quien también solicitó que se informara sobre esta declaración a la Junta Central Fallera, la Junta Local y las seis comisiones que fueron protagonistas del suceso. Los populares añadieron que «lo que hoy se conoce se lo debemos al mundo fallero que ha preservado en la memoria esos momentos».

Hijo predilecto

El pleno también aprobó nombrar, por unanimidad, al Padre Gerardo Sánchez Mielgo como Hijo adoptivo, a propuesta del equipo de Gobierno a la que se sumaron todos los grupos políticos y que supone un reconocimiento no sólo a su trayectoria profesional durante más de 50 años, sino también a la labor social que ha desempeñado.

Fraile de la Orden de Predicadores ha sido el impulsor de los Hogares San Martín de Porres i Santa Rosa de Lima en el municipio, donde ha ayudado a cientos de personas a su reinserción en la sociedad a través de esta fundación civil que recibió el Premi Carta de Poblament en el año 2013.

Además, la moción presentada remarca en particular las aportaciones que el Padre Gerardo ha realizado en favor de la ciudad de Torrent como «formar, orientar y motivar a muchas personas en su vida, promover y mantener viva la cooperación en el barrio de Sant Gregori, ocuparse de las personas sin hogar y llevar el nombre de la ciudad allí donde su palabra ha llegado».

Su obra social se basa en «que la caridad es más efectiva si se ejerce motivando la actuación y la energía de las personas organizadas en grupo, fomentando el trabajo en equipo, la cooperación ciudadana y la interacción para realizar iniciativas de participación social». En resumen, el Padre Gerardo «ha potenciando la sociedad civil para la mejor evolución de la comunidad humana de Torrent».

Bandera republicana

El debate más intenso que se vivió en esta sesión plenaria fue a raíz de la moción presentada por Guanyant Torrent en apoyo a los Ayuntamientos que han sido denunciados por la Delegación de Gobierno tras esgrimir en sus balcones la bandera republicana el pasado 14 de abril y que apoyaron Compromís y PSPV. Su portavoz, Jaume Santonja, defendió que «se trata de rechazar la actuación de la delegación de Gobierno porque no se han añadido mástiles ni se han sustituido otras banderas» y «por las formas poco democráticas que ha utilizado».

Por su parte, el alcalde, Jesús Ros, apuntilló que la bandera republicana «no es un símbolo ilegal», aunque tanto PP como Ciudadanos, que votaron en contra, se mantuvieron firmes en sus posiciones y defendieron que se han abierto expedientes sancionadores y que es la justicia la que debe resolver estos casos.

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