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DANIEL NAVARRO
Lunes, 27 de febrero 2017, 23:48
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La oposición de Alboraya ha dejado en jaque al macrofestival de música electrónica Marenostrum Xperience, que pretende instalarse este verano en el aparcamiento del centro comercial de Port Saplaya.
El emplazamiento propuesto, que es propiedad de la empresa municipal Egusa, debía ser autorizado por el Consejo del organismo, que cuenta con delegados de todas las formaciones con representación en el pleno. Sin embargo, tal y como pudo saber LAS PROVINCIAS, todos los partidos (PP, Ciudadanos, Compromís y Esquerra Unida) votaron en contra de ceder esta ubicación, salvo el PSOE, que se abstuvo.
La decisión tumba la organización del encuentro en la localidad, que ya había vendido más de 16.000 abonos, pese a que la firma todavía no había presentado el proyecto definitivo. La promotora lamentó ayer que «se quiera impedir el festival por motivos políticos» y recordó que su organización «es bueno para Alboraya y también para Egusa», aludiendo a la «enorme deuda» que arrastra la empresa pública.
En la misma línea se mostró el presidente del ente municipal, Agustín Martín, que criticó que «Compromís quiera impedir otra vez este festival». Asimismo recordó que «la votación fue forzada por este partido, que ahora alude a que es peligroso para el litoral y molesto para los vecinos». «Que diga Mónica Oltra dónde tiene que celebrarse ahora, porque fue ella la que propuso este emplazamiento», denunció el portavoz socialista.
El festival ya se suspendió en su última edición, cuando pretendía celebrarse en la partida de Els Peixets de Alboraya, tan solo 24 horas antes de su inicio y con cerca de 18.000 entradas vendidas. Los promotores tuvieron que trasladar la celebración a la Marina Real Juan Carlos I, casi un mes después. Ya entonces, fue la Consellería de Obras Públicas la que emitió un informe desfavorable que impidió al consistorio autorizar el Marenostrum, tras una denuncia de Compromís.
¿Y qué pasa ahora?. Si el festival decide formalizar la entrega del proyecto, Egusa lo denegará automáticamente, salvo que a petición de los grupos se someta a una nueva votación y algún delegado decida cambiar su postura. Solo con que un partido decidiese votar a favor, la situación se desencallaría, ya que si se da un empate, el presidente cuenta con voto de calidad, y el PSOE cuenta con dos delegados frente a los otros cuatro de la oposición.
Situación delicada
Mientras que Ciudadanos, Esquerra Unida y Compromís sí que habían firmado un manifiesto en contra del festival, junto a otras 20 agrupaciones, el grupo popular de Alboraya prefirió no rubricar el documento, a pesar de que también se mostró públicamente en contra. Por su parte, el sector hostelero de Port Saplaya y Patacona sí que defendió la celebración del encuentro.
Esta nueva realidad deja en una situación aún más delicada a la organización del evento, después de que la Fiscalía Provincial de Valencia denunciara el mes pasado las «cláusulas abusivas» incluidas en las condiciones de venta de las entradas de la edición de 2016, y que permitió a la firma no devolver el dinero de los abonos vendidos. El anuncio dejó la puerta abierta a toda una oleada de indemnizaciones masivas a tenor de los clientes afectados por la suspensión.
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