Las Provincias

La empresa de fotorrojos obliga a Quart a instalar las tres cámaras

Uno de los semáforos de Catarroja. :: monzó
Uno de los semáforos de Catarroja. :: monzó
  • La mercantil insta a la Mancomunidad de l'Horta Sud a ponerlas en funcionamiento y amenaza con solicitar una indemnización

La empresa que gestiona los fotorrojos en los semáforos y las multas por las infracciones en seis municipios de la comarca ha instado a la Mancomunidad de l'Horta Sud, entidad que firmó el convenio, a poner en funcionamiento las tres cámaras de las 15 contratadas que no se instalaron en su día en el municipio de Quart, por decisión de alcaldía.

En su escrito, la mercantil advierte que de no cumplirse este requisito iniciará el procedimiento legal oportuno para solicitar una indemnización, en base a la media de multas que podrían haberse emitido en todo este tiempo en el que han estado paradas. Además, también solicitan que se retire una hoja de palmera que cubre uno de los fotorrojos colocados en Beniparrell y que impide que la cámara cumpla con su función.

La Mancomunidad comunicará en breve esta demanda a los ayuntamientos implicados para que «sean ellos los que decidan que medidas tomar porque solo somos los intermediarios», según señalan desde el ente comarcal, aunque advierten que «apoyaremos sus decisiones».

La alcaldesa de Quart, Carmen Martínez, señaló ayer desconocer esta resolución y recordó que el municipio se opuso a colocar los fotorrojos que la empresa «instaló sin autorización». «Solo estuvieron una noche, luego se retiraron y anulamos el contrato, comunicando a la empresa que no estábamos de acuerdo», añadió Martínez, al mismo tiempo que destacó el hecho de «nunca nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni por parte de la mercantil ni de la Mancomunidad».

El contrato se firmó en diciembre de 2014 por cuatro años y el servicio comenzó a funcionar en junio de 2015, sin previo aviso. Los municipios que se sumaron a este servicio fueron Catarroja, Sedaví, Beniparrell, Quart, Picanya y Massanassa. A excepción de estos dos últimos, el resto cambió de equipo de gobierno que se encontró, nada más asumir la alcaldía, con cientos de multas y una protesta generalizada por el «afán recaudatorio» de las cámaras.

El Ayuntamiento de Catarroja ha sido el más perjudicado por las quejas ciudadanas y desde el primer momento se mostró contrario a este contrato que heredó del anterior ejecutivo. La última de las acciones emprendidas por el equipo de gobierno fue solicitar un informe a la Mancomunidad para rescindir el convenio en base a la solicitud realizada a la empresa para el cambio de cuatro de las cámaras que no se ha llevado a cabo y que podría ser considerado como un «incumplimiento» ya que avala que son «cuatro cambios por municipio y año, y no cuatro por año como defiende la mercantil».

El Ayuntamiento solicitó a la entidad comarcal el pasado 2 de enero, con el documento en la mano, que iniciara el procedimiento de resolución por incumplimientos, pero todavía no se ha pronunciado a este respecto. Desde la Mancomunidad mantienen que «se han analizado las fórmulas legales para rescindir el contrato sin coste alguno para los consistorios» pero señalan que «es un procedimiento largo y complejo».