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D. NAVARRO
Jueves, 26 de enero 2017, 00:32
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El grupo de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alboraya ha solicitado por registro de entrada la retirada de la Cruz de los Caídos presente en la puerta del cementerio municipal, de acuerdo con la Ley de Memoria de Histórica. Tal y como refleja la petición, a la que ha tenido acceso este periódico, «ha de darse una solución respetuosa con los familiares cuyos nombres aparecen en el frontal de la cruz».
El monumento, que fue trasladado hace años desde la plaza de la Constitución hasta las puertas del cementerio municipal, ya fue intervenido para ocultar aquellas alusiones más controvertidas, así como la inscripción de «Caídos por Diós y por España». Sin embargo, el paso del tiempo y la degradación de la piedra, ha sacado a la luz de nuevo estas simbologías.
El hecho, se trasladó al debate en el último pleno de Alboraya, cuando el primer edil del municipio del Partido Socialista, Miguel Chavarría, afeó a la concejala de la formación, Marta Martín, «que considere el mayor problema de Alboraya una cruz, porque dice que los nombres que hay ahí apuntados son franquistas». Asimismo, el alcalde criticó que la concejala haya ido al cementerio «a sacarle brillo a la cruz y a hacerle fotos».
Tal y como señaló Martín a LAS PROVINCIAS, «este asunto no requiere de un posicionamiento, hay una ley aprobada por un gobierno socialista y si no se retira este monumento, no se está aplicando». En esta línea, la petición subraya «que como sociedad democrática entendemos que debemos dejar atrás esta etapa oscura de nuestra historia eliminando todo tipo de simbología que haga referencia a la dictadura que asoló durante 40 años este país».
No es la primera vez que este asunto se trata en el consistorio. Ya en 2015 la formación de Compromís presentó una moción para que el ejecutivo «elaborara un censo de símbolos sobre la revuelta militar de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura presentes en el municipio», entre las que también se encontraba la cruz.
Asimismo, demandaron también la retirada de las placas falangistas presentes en los inmuebles y «su sustitución por otras más democráticas».
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