La fiscalía abre la vía a indemnizaciones masivas por la cancelación del Marenostrum

Continúan las malas noticias para la organización del macrofestival de música electrónica Marenostrum, después de que ayer se diera a conocer que la Fiscalía Provincial de Valencia considera «abusivas» cuatro cláusulas incluidas en las condiciones de venta de las entradas del evento, que se canceló en Els Peixets de Alboraya en verano, y que permitió a la firma no devolver el dinero de los abonos vendidos.

En esta línea, el organismo ha solicitado a un juzgado de lo Mercantil que anule las condiciones que permitió a la compañía trasladar el encuentro a la Marina Real Juan Carlos I, casi un mes después, actuando de oficio y a raíz de la denuncia pública de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCCV).

El anuncio abre la vía a una oleada de indemnizaciones masivas, ya que si finalmente el juez accediera a la petición del fiscal y anulara dichas cláusulas, todas aquellas personas que reclamaron a la empresa la devolución del importe de las entradas y los gastos derivados, podrían volver a pedirlo al juzgado y lo recuperarían.

La empresa se defiende

Fuentes de la organización del festival señalaron ayer a LAS PROVINCIAS que «más del 90% de las personas que compraron el abono para Marenostrum Music Festival 2016 utilizaron ese mismo abono para disfrutar del festival alternativo en la Marina Real Juan Carlos I, con conocimiento previo del nuevo cartel de artistas anunciados». En esta línea, concretaron que «de los 18.002 abonos vendidos en la pasada edición, tan solo 1.269 no fueron empleados para disfrutar en el emplazamiento de Valencia».

De acuerdo con la firma «desde octubre nos hemos puesto en contacto con todas estas personas para ofrecerles descuentos para el festival Marenostrum Music Experience que se celebrará en Port Saplaya este verano y que harán descender el precio del abono por debajo de los 10 euros, una cantidad mínima». Asimismo, anunciaron que «todas aquellas personas que habían pagado un abono para camping y que no acudieron a la cita en la Marina Real recibirán una entrada análoga con zona de acampada, que tendrá una duración de nueve días, frente a los tres que duraba la edición de 2016».

De acuerdo con los promotores «el dato que refuerza que el festival está actuando con responsabilidad es que ya hay 5.346 personas que han comprado una entrada para la edición que se celebrará entre el 2 y 10 de julio».

La noticia llegó ayer como un jarro de agua fría a la promotora del festival, que lleva meses trabajando en la nueva edición del encuentro 'Marenostrum Music Xperience'. El evento, que cambia de nombre y estrena ubicación en el Centro Comercial de Port Saplaya, plantea una edición más amable de la cita, con un sinfín de actividades lúdicas para toda la familia, al margen de los conciertos de música electrónica, que siguen siendo su seña de identidad.

La pronunciación de la Fiscalía podría poner en peligro las negociaciones de la empresa, que lleva meses trabajando para que la Generalitat ampare el certamen bajo la marca paraguas de 'Musix' y que se presenta esta semana en la feria de turismo de Fitur. El proyecto de la Agencia Valenciana de Turismo pretende resaltar el valor de las grandes citas musicales dentro de la Comunitat y proyectar la imagen de la autonomía como lugar de acogida de festivales.

En su presentación 'Musix' protegía seis eventos musicales valencianos: El Arenal Sound, Concerts de Vivers, Festival de Les Arts, El Festival Internacional de Benicàssim (FIB), Low Festival y Rototom Sunsplash. Precisamente la posible inclusión del nuevo Marenostrum bajo el amparo del Consell había producido una vorágine de quejas desde más de veinte asociaciones que han firmado un manifiesto contra la organización del nuevo encuentro. Un rechazo vecinal que lleva acompañando al festival desde sus inicios en El Grao de Valencia.

De hecho, estas entidades críticas pidieron públicamente a las autoridades que «descarten la posibilidad de avalar públicamente este festival mientras este no se localice en un entorno donde disponga de la aceptación vecinal, siendo compatible con el derecho al descanso y la protección de la huerta».

La empresa no quiso confirmar ayer a este periódico si finalmente contará con el respaldo del Gobierno valenciano.