Las Provincias

550 alegaciones contra el cierre de la agrupación de Port Saplaya

Port Saplaya, en una imagen de archivo. :: irene marsilla
Port Saplaya, en una imagen de archivo. :: irene marsilla
  • El enorme número de recursos vecinales presentados ralentizará el trabajo del consistorio que ya ha iniciado el expediente de extinción del organismo de gestión

Los vecinos de Port Saplaya han presentado en el consistorio cerca de 550 alegaciones contra el cierre de la Entidad de Conservación de este barrio marítimo de Alboraya, después de que en el mes de septiembre, los grupos de PSOE, Compromís, Ciudadanos e Izquierda Unida aprobaran en una sesión plenaria la apertura del expediente de extinción de este organismo, con la única oposición del grupo popular.

La oleada de documentos obliga a los técnicos a revisar los recursos presentados por los residentes, lo que supondrá un retraso en el proceso de cierre de la entidad, tal y como explicaron fuentes municipales en el último pleno ordinario de esta semana.

El propio alcalde, Miguel Chavarría, criticó que la entidad «lejos de colaborar, en vez de presentar una instancia con 500 firmas, ha presentado 500 firmas con 500 instancias, que se están registrando una a una, lo que está alargando los plazos previstos».

Fue la representante del grupo popular, Virginia Garrigués, la que denunció en el hemiciclo que los vecinos «están pendientes de una audiencia» en la que seguir negociando el proceso de cierre de este ente y recordó que «sólo ha habido una única reunión con todos los grupos para tratar este tema».

Precisamente, fue esta formación la única que votó en contra de disolver el organismo de gestión de esta urbanización. Los populares propusieron dejar el tema sobre la mesa por «la falta de unos informes que consideramos necesarios como el informe del secretario, la hoja de ruta de disolución de la entidad y la tutela por parte del ayuntamiento del traspaso de competencias a una nueva figura jurídica que satisfaga al máximo a los vecinos». De hecho, la regidora se mostró partidaria de «recoger la opinión de todos, sobre todo de los residentes de la zona, que son los más afectados» y lamentó que el ayuntamiento hubiese empezado la casa por el tejado».

El proceso de cierre de este organismo de cuidado no ha estado exento de polémica. De hecho, la institución desafíó al ayuntamiento a principio de año, al organizar un referéndum entre todos los vecinos empadronados, ganado por mayoría absoluta, a favor de mantener el organismo. A pesar de que el presidente del ente, Alberto Cebreiros, exigió que el resultado fuese vinculante, la propuesta la rechazó el consistorio.

Tal y como denunció LAS PROVINCIAS, el barrio se arriesga a perder algunos de los servicios con los que cuenta la urbanización. Entre otros, destaca el mantenimiento de una de sus piscinas vecinales, que actualmente es mantenida por las cuotas que los residentes sufragan a la entidad de conservación. Al tratarse de una piscina actualmente privada, no cuenta con las características que debería tener una pública, lo que imposibilita el proceso de municipalización y obligaría a su cierre si no se llega a un acuerdo.

«Lo más justo sería que el organismo se autodisolviera y que todos los residentes que quieran seguir usando la piscina se constituyan como una comunidad de propietarios, porque los pagos deben ser de carácter voluntario», detalló entonces Chavarría. Sin embargo, los vecinos rechazaron esta idea ya que «supondría aumentar considerablemente las cuotas de aquellos miembros que quieren hacer uso de la misma».

En el momento cumbre de la controversia, el primer edil incluso llegó a denunciar que «actualmente cerca del 70% de las cuotas vecinales se destinan a gastos del personal de la entidad y otras partidas similares, que es lo que puede que moleste al ente».