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García en uno de sus primeros plenos como alcaldesa. :: lp
García en uno de sus primeros plenos como alcaldesa. :: lp

La exalcaldesa de La Pobla, condenada a dos años de prisión por cohecho

  • El Tribunal Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia de Valencia contra Natividad García y el exsecretario del consistorio de Canet, José Antonio Sancho

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condena a 2 años de cárcel por delito de cohecho a la exalcaldesa de La Pobla de Farnals Natividad García y al exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho.

El tribunal rechaza así tanto los recursos de los acusados, que no entrarán en la cárcel; como el de la Fiscalía, que consideraba que debieron ser condenados también por delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil, y pedía además la condena por cohecho de la entidad Academia Valenciana de Juristas.

La sentencia que fue impuesta el 21 de enero, a dos años de prisión por el delito de cohecho, obliga también a pagar una multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios, e inhabilita para ejercer un empleo y cargo público en el caso de la exprimera edil.

De esta manera, el juez considera probado que Natividad García recibió alrededor de 8.000 euros al ser «recompensada» por mantener el servicio de asesoramiento de la sociedad Academia Valenciana de Juristas en el ayuntamiento, una entidad que se encontraba bajo control del exsecretario de Canet d'en Berenguer.

A pesar de que García aseguró que el dinero recibido respondía a un préstamo demandado al acusado para reformar su casa, el tribunal no creyó la versión de la exalcaldesa debido a que los ingresos se realizaron en años diferentes y, además, la misma no aportó testigos, ni documentación de los trabajos, ni ninguna prueba de las dificultades económicas que atravesaba, pues la misma había adquirido una vivienda y un coche al llegar al cargo. En concreto, la Fiscalía apunta a que Natividad García aceptó las cantidades de 4.500 euros el 22 de mayo de 2009, 2.900 euros el 2 de febrero de 2011, y 1.200 euros el 15 de julio de ese mismo año. Asimismo, relaciona estos hechos con una factura del 1 de abril de 2011 por 21.122 euros, y considera que estas cantidades fueron dadas como gratificación a la contratación alcanzada por las empresas de José Antonio Sancho. De acuerdo con la sentencia, una vez llegada a la alcaldía la exregidora «ante la necesidad de cambiar los profesionales que se habían encargado con anterioridad del asesoramiento en diversos temas de la actividad del consistorio, concertó una reunión con José Antonio Sancho Sempere, a quien poco antes le había sido presentado por una persona de confianza, para que se encargara de todo ello a través de contratos menores formalizados en las facturas que fuera librando, bien personalmente o a través de profesionales pertenecientes a las entidad que el acusado gestionaba y controlaba».

A pesar de todo, la condena impuesta queda lejos de la petición inicial de la fiscalía, que solicitaba nueve años de cárcel al incluir la malversación de caudales públicos y prevaricación.

No obstante, el Supremo no ve suficientemente probado que los servicios encargados a las empresas de Sempere y el otro acusado fueran innecesarios, ya que con anterioridad a la llegada de Natividad, el consistorio ya había contratado este tipo de asesoramientos y las facturas analizadas «obedecen a una actividad real».

La llegada de la regidora al ayuntamiento no estuvo exenta de polémica. La misma se convirtió en alcaldesa tras apoyar a una moción de censura del PSPV contra el primer primer edil de su propio partido, José Manuel Peralta. La condenada consiguió llegar a un acuerdo con los socialistas para abandonar el grupo popular y pasar así a dirigir un gobierno del PSPV en La Pobla de Farnals. Finalmente, terminada la legislatura en 2011, el candidato popular volvió a ganar las elecciones, esta vez por mayoría absoluta, apartando a García de la alcaldía y anulando un contrato que la regidora había dejado firmado con el empresario tan sólo unos días antes.