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El alcalde, junto a varios agentes. :: lp
El alcalde, junto a varios agentes. :: lp

El Ayuntamiento de Torrent cierra la investigación del caso de los uniformes

  • El punto de mira se fija en la dirección general de Seguridad por sus respuestas «ambiguas» pero también en el Jefe de Policía y el concejal del departamento

Las conclusiones de la comisión de investigación del caso uniformes de Torrent, que se aprobaron ayer tras más de 60 horas de comparecencias y 700 folios, apuntan como responsables de las «irregularidades» en la adjudicación del vestuario policial a la dirección general de la Agencia de Seguridad, al Jefe de Policía, Eduardo Martínez, y al edil responsable del área, José Antonio Castillejo.

En un punto pactado por todos los grupos políticos que han participado en estos meses en la comisión, se señala como máxima responsable a la dirección general de la Agencia de Seguridad por su «lentitud manifiesta, ambigüedad y falta de claridad y concreción», a las cartas remitidas por el consistorio torrentino en las que se preguntaba sobre el uso del color azul celeste en el vestuario policial y se piden las «responsabilidades técnicas y políticas oportunas».

Pero, además de poner en el punto de mira a este organismo, la responsabilidad técnica recae en el intendente de la Policía Local, Eduardo Martínez, redactor del pliego de condiciones en el que se cambiaba el color de tres prendas, para el que se propone «abrir un expediente» y que «no participe en ningún proceso de contratación».

Esta misma medida se solicita para el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Castillejo, que queda apartado de estas cuestiones relacionadas con su área, aunque la materia de contratación no recaía sobre él, sino que son propias de la junta de gobierno.

En todo caso, Castillejo, tendrá que abstenerse a la hora de votar sobre asuntos relacionados con ello a pesar de que en las conclusiones se matiza que «no ha habido mala intención» por su parte, pero su actitud se tacha de «poco prudente» porque aunque «no contaba con los permisos y a instancias del secretario del pleno, se siguió con el proceso de compra de los uniformes sin saber de forma firme si se podrían utilizar». No obstante, se matiza que «el contrato se ha resuelto sin que se haya producido ninguna alegación ni perjuicio económico para los torrentinos».

El documento exculpa de responsabilidades al equipo de gobierno porque «todos los informes técnicos y jurídicos emitidos durante el procedimiento de adjudicación eran favorables» y se matiza que el informe del secretario «es posterior a la adjudicación del contrato».

El paso posterior para asentar estas conclusiones es su aprobación por el pleno municipal, aunque ya han sido pactadas con la unanimidad de todos los partidos políticos que han participado en la comisión, cuya creación fue propuesta en su momento por el grupo municipal del PP, que denunció desde un principio las «irregularidades» cometidas en el proceso de adjudicación.

A tenor de las conclusiones, los populares señalan que «ha quedado de manifiesto que existen responsabilidades por unas acciones muy graves que han menoscabado la integridad y la imagen del Ayuntamiento de Torrent», y esperan que «se tomen medidas».

El concejal, Nacho Carratalá, que fue el primero en denunciar los hechos, ha señalado que «por fin termina un asunto de enorme importancia». «Este dictamen nos da la razón a los que señalábamos las múltiples irregularidades de este caso», añade.

La alarma saltó cuando se detectó un cambio de color del amarillo por el azul celeste en el pliego de condiciones de la contratación de los uniformes de la Policía Local que no recoge el decreto de la Generalitat Valenciana sobre la uniformidad y que solo una empresa de las que se presentaron a la adjudicación ofertó prendas con ese color.

A pesar de las advertencias de los populares y de algunos sindicatos, se siguió con el proceso y se adjudicó a la mercantil por 205.000 euros. Hace un mes, el equipo de gobierno decidió rescindir el contrato y devolver las prendas, llegando a un acuerdo con la empresa y con coste cero para el consistorio.