Torrent inicia un estudio para la recuperación de la gestión del agua potable

La municipalización del servicio del agua, uno de los puntos del pacto de investidura entre PSPV, Compromís y Guanyant, volvió a ser el centro de debate en la última sesión plenaria. Compromís puso encima de la mesa, a través de una moción, la creación de una comisión de seguimiento y estudio del modelo de gestión del servicio del agua potable, que está en manos de la empresa Aigües de l'Horta desde el año 1996.

El concejal de esta formación, Víctor Medina, explicó que uno de los objetivos de esta comisión está encaminado a «avanzar hacia un modelo de gestión que mire por todas las personas sin excepción» y defendió que «la administración pública debería hacerse cargo de suministrar el agua a precio de coste con el incremento necesario para el mantenimiento y las inversiones».

No obstante, Medina, se mostró cauto ante la enmienda de Guanyant que proponía que la comisión se encargara de estudiar las vías para la municipalización del servicio y recuperar la gerencia. «Estamos de acuerdo en un modelo público cien por cien, pero se crea la comisión para que cada grupo exponga sus opiniones», señaló.

Por su parte, el concejal socialista, Andrés Campos, siguió con esta argumentación y destacó que «a parte del planteamiento de cada partido, no podemos tomar esa decisión antes de tener una auditoría, con una evaluación de la gestión y unos resultados para saber cuál es la mejor opción».

La enmienda de Guanyant, que insistía directamente en el estudio de la remunicipalización del servicio, fue rechazada por el pleno pero se aprobó, únicamente con el voto en contra de esta plataforma, la propuesta de crear esta comisión que valorará la gestión de la mercantil privada que actualmente ofrece el servicio y absorbe el 49% de los beneficios de explotación. El PP y Ciudadanos votaron a favor.

Compromís también aprovechó la ocasión para recordar que la empresa Aigües de l'Horta «compró suministros a mercantiles de su grupo por valor de 1,7 millones de euros» y el ayuntamiento «lleva desde que se privatizó la gestión del agua en 1996, sin comprobar esos precios, a pesar de que se aprobó la creación de una comisión de seguimiento».

En el cajón

El pleno aprobó también el reconocimiento extrajudicial de facturas por valor de cerca de 10.000 euros correspondientes a servicios prestados a la Junta Local Fallera en 2014. Las críticas por estas nuevas «facturas en los cajones» llegaron por parte de todos los partidos que solicitaron actuaciones para que esta situación «no se vuelva a repetir».

Los populares explicaron que las facturas se corresponden con el periodo que la JLF pasó a convertirse en organismo autónomo y que el retraso se ha debido «a problemas con el CIF de la nueva entidad». No obstante, Compromís, recordó que, tanto ellos como Ciudadanos, pidieron la comparecencia del encargado de la empresa a la que se le adeuda la cantidad más elevada en una comisión para dar explicaciones del retraso y «no se ha convocado».