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Una de las calles del Xenillet, donde hay un gran número de viviendas ocupadas. :: LP
Vecinos de Torrent alertan de una red que alquila casas vacías propiedad de los bancos

Vecinos de Torrent alertan de una red que alquila casas vacías propiedad de los bancos

Los supuestos propietarios cobran por el 'enganche' de la luz y el agua a sus inquilinos y les buscan alternativa cuando los desalojan

A. DASÍ

Viernes, 24 de octubre 2014, 00:54

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El Ayuntamiento de Torrent ha detectado la presencia de una red que se dedica a alquilar las viviendas vacías de las entidades bancarias a inquilinos ilegales y, además, les proporcionan los enganches de la luz y el agua. Han sido los propios vecinos del barrio del Alter, donde hay varios inmuebles ocupados, los que han alertado sobre la existencia de estas personas que intentan lucrarse con casas que no les pertenecen, una práctica que parece haberse extendido por otros municipios de la comarca como Alfafar.

El concejal de Seguridad, Jorge Planells, explica que estas personas «son conocedoras de que los bancos no suelen preocuparse mucho por el estado de estas viviendas, por lo que saben de sobra que podrán cobrar el alquiler durante varios años antes de que los echen». Además, según advierte Planells, «luego, les buscan otra casa para seguir cobrándoles el arrendamiento. Para ellos se ha convertido en un negocio rentable».

«Hasta ahora la ocupación había sido por el boca a boca, una familia que se ponía a vivir en una casa, llamaba a otra advirtiendo que habían más vacías», explica el edil, «pero ahora esta otra práctica ha ido creciendo y lo que queremos es frenarla», añade.

Esta ha sido la razón por la que el consistorio torrentino ha iniciado una campaña destinada a poner fin a las ocupaciones ilegales ofreciendo a los propietarios de inmuebles vulnerables, que en la mayoría de los casos suelen ser entidades bancarias, el tapiado de las puertas y ventanas que dan a la calle y que pueden ser la entrada de posibles invasores.

Uno de los primeros barrios en sufrir de lleno el problema de la ocupación ilegal de viviendas fue el Xenillet, donde la gran mayoría de pisos deshabitados ya cuentan con inquilinos que han pegado la patada en la puerta y que viven enganchados a los servicios básicos.

En estos casos, son los propios vecinos los que denuncian ante el consistorio estas situaciones que se repiten en numerosas fincas de esta barriada y que ha provocado que los residentes se planteen seguir compartiendo su día a día con los okupas-vecinos.

El problema es que estas personas no son familias desahuciadas, sino que suelen ser extranjeros, sobre todo procedentes de Rumanía, que complican la convivencia y crean una sensación de inseguridad generalizada. «Los Servicios Sociales atienden casos de familias con problemas económicos con las ayudas de emergencia para cubrir los alquileres, además, también pueden optar al alquiler social que gestionamos en este departamento», explican desde el ayuntamiento.

Desde esta misma área, también se intenta controlar la presencia de menores en estas casas ocupadas y se les insiste en la necesidad de que estén escolarizados, aunque por cuestiones culturales, los pequeños suelen quedarse con sus familias.

Esta es una forma de controlar estas situaciones, ya que el consistorio no puede enfrentarse de forma directa a ellas si no cuenta con una denuncia del propietario de la vivienda, e incluso así, los trámites pueden dilatarse en el tiempo.

Aunque este no es el caso de los que rentabilizan la patada en la puerta, el ejecutivo pretende evitar que la ocupación, sea del tipo que sea, a través de redes o del boca a boca, se extienda por el sector del Alter, que limita con el Xenillet, y que los vecinos de toda la vida se vean obligados a abandonar su entorno, provocando la degradación del barrio.

En este sentido, el concejal de Seguridad, Jorge Planells, advierte que el objetivo del ejecutivo con esta nueva campaña para evitar las ocupaciones «es velar por la seguridad de los ciudadanos y hacemos todo lo posible para no disminuir su calidad de vida».

Precisamente, muy cerca del Alter, en Maestro de Sousa, el consistorio torrentino se vio obligado hace unos meses a actuar sobre una finca ya terminada pero que había sido abandonada por la promotora, tapiando de oficio los accesos.

En este caso, unos inquilinos ilegales ya se habían adueñado de uno de los pisos y podía crear un efecto llamada. Además, el edificio se había convertido en un lugar de encuentro de drogadictos para la venta y el consumo de estupefacientes.

La actuación se realizó por la denuncias de los residentes, lo que permitió al consistorio abrir un expediente urbanístico e instar a la mercantil a cerrar, en menos de 15 días, el edificio para que dejara de ser un foco peligroso de vandalismo e inseguridad.

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