Muertes ambientales

Indígenas brasileños marchan hacia Río de Janeiro para pedir la protección de sus ecosistemas amenazados.  / afp
Indígenas brasileños marchan hacia Río de Janeiro para pedir la protección de sus ecosistemas amenazados. / afp

Cada semana cuatro ecologistas, activistas y guardas forestales son asesinados.Defender el medioambiente se ha convertido en una práctica peligrosa. En 2016 murieron 200

IRMA CUESTA

ANelson García se lo quitaron de en medio una tarde de marzo en Cortés, uno de los 18 departamentos en los que está administrativamente dividido Honduras. Volvía a casa después de celebrar una reunión con miembros de la comunidad de Río Chiquito, a la que el Gobierno estaba desalojando de sus tierras, cuando unos desconocidos le descerrajaron cuatro tiros en la cara. La de García es solo una de las 98 muertes violentas que han tenido lugar entre enero y mayo de este año entre hombres y mujeres de todos los rincones del planeta comprometidos con el medioambiente. Si las cosas siguen así, 2017 se convertirá en el más peligroso de la historia para todo aquel dispuesto a defender su tierra y sus recursos naturales, después de que el año pasado ya se batieran todos lo récords. Según el informe que anualmente firma la ONG Global Witness, en 2016 doscientos guardas forestales, indígenas y ecologistas de todo el mundo fueron asesinados. Un año letal para los defensores del medio ambiente, no solo porque el número de muertes creció un 10% respecto a 2015, sino porque también aumentó el número de países en los que se produjeron. Si en 2015 las muertes tuvieron lugar en 16 países, en 2016 ocho más se incorporaron a ese más que controvertido club.

Pero, ¿por qué cada vez hay más? Joan Martínez Alier, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y una de las personas que ha formado parte del comité científico de la Agencia Europea de Medio Ambiente, cree que hay una razón doble. «Por un lado, al crecer la economía mundial aumenta también la extracción de materiales y de energía hasta en los últimos confines del globo, donde hay población campesina o indígena que defiende sus tierras y el agua. De otro lado, yo creo que hay más investigación sobre el tema de la injusticia socio-ambiental, más periodistas que se preocupan. Hay también investigación universitaria, inventarios de conflictos como el EJ Atlas, que confirman estas tendencias de aumento».

El profesor considera que, para atajar el problema, lo fundamental es que haya más información y que haya también alarma social; que se escandalice la gente ante los costos sociales y ambientales que tiene el crecimiento económico, a veces en lugares que desde aquí parecen remotos.

Hace solo cuatro meses que a Aldelir de Jesús Ribeiro le cortaron las dos manos a golpe de machete. Luego le pegaron dos tiros en el pecho y le sajaron las rodillas para que, si salía de aquella, nunca más volviera a dar un paso. El brasileño y sus compañeros, miembros de la etnia Gamela, fueron sorprendidos por un grupo de pistoleros cuando se resistían a abandonar su tierra. Durante el ataque, trece indígenas fueron heridos, cinco de ellos de gravedad.

El drama de Latinoamérica

Los Gamela reivindican la demarcación de su territorio, un área de cerca de 14.000 hectáreas en los municipios de Viana, Matinha y Penalva que actualmente ocupan hacendados. Es el enésimo conflicto de tierra que se libra en Latinoamérica, de donde son la mayor parte de los cadáveres que cada año engordan la lista de Global Witness. Según la organización, el 60% de las muertes de 2016 se produjeron en América Latina y el 40% de las víctimas eran miembros de grupos indígenas.

De hecho, Brasil fue el que registró la mayoría de las muertes con 49 asesinatos; después, Colombia, con 37, por delante de Filipinas, que enterró en 2016 a 28 personas a las que oficialmente se reconoció como víctimas en la lucha por la defensa de sus recursos naturales.

Dicen los expertos de Global Widness que es la inmensa riqueza del Amazonas lo que ha convertido a Brasil en el país más peligroso del mundo para los activistas ambientales. También que en Colombia el incremento de la conflictividad y el número de asesinatos tiene mucho que ver con consecuencias inesperadas del proceso de paz; que las áreas que hasta ahora estaban bajo el control de las guerrillas, ahora están en el punto de mira de la codicia de compañías extractivas y paramilitares.

Esa es también la opinión de Isabel Zuleta, líder del movimiento colombiano en defensa de los territorios y afectados por las represas y la megaminería Ríos Vivos. En los ocho años que lleva al frente de las reivindicaciones de los pueblos afectados por la hidroeléctrica Hidroituango, la más grande de Colombia, ha visto morir asesinados a dos compañeros y ella misma ha sufrido un intento de secuestro. «En este tiempo hemos padecido una persecución policial permanente. Es muy difícil cuando nos estamos oponiendo a una empresa pública que tiene en su mano todos los mecanismos», afirma explicando que es a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y al proyecto de la represa de Hidroituango, un embalse de 79 kilómetros de largo que afecta a una docena de municipios sobre la cuenca del río Cauca, en Antioquía, a la que señalan con el dedo. «Primero se meten con lo personal para desprestigiar tu voz y después tratan de hacerlo con la acción colectiva y, cuando no es suficiente, pasan a las amenazas, y de las amenazas al acoso judicial, y de ahí, al intento de secuestro y la desaparición forzada. Como no pueden acabar con la resistencia, la escalada puede terminar en el asesinato o en la cárcel», denuncia la ambientalista, que lamenta que esta misma táctica se repita en muchos otros procesos de resistencia a los megaproyectos que amenazan los territorios.

El informe de Global Widness corrobora sus afirmaciones. De las doscientas muertes que se produjeron en 2016, 33 fueron de activistas que se oponían a proyectos mineros y petrolíferos, 23 a iniciativas relacionadas con la agroindustria, 18 a la caza ilegal y siete a la construcción de represas hidroeléctricas.

Fue el año en el que Berta Cáceres, la hondureña del grupo indígena Lenca que se resistió con todas sus fuerzas a la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque, fue asesinada, y varios de sus compañeros tuvieron que huir para preservar la vida.

«Es inaceptable»

Alejandro González, coordinador de la ONG Amigos de la Tierra, un colectivo nacido en España con más de un millón de socios en 70 países que ha acogido a Gustavo Castro, uno de los colegas de Berta Cáceres que hace unos meses salió por pies de Honduras, opina que esa tendencia creciente en el número de asesinatos es «absolutamente inaceptable» y que la gran preocupación de todos los que, de una u otra forma, están ligados a este tipo de movimientos, es la impunidad de los asesinos. «Hoy en día no hay mecanismo para combatir este desastre. ¿Una posibilidad? La clave está en las empresas transnacionales que se dedican a explotar los recursos naturales, por eso, impulsar un tratado vinculante dirigido a estas empresa sería una opción».

El portavoz de Amigos de la Tierra aboga por la creación de un tribunal de arbitraje específico que se encargue de investigar y juzgar estos casos y del establecimiento de una norma que aúne lo que está recogido en todos los convenios nacionales e internacionales al respecto que, según dice, actualmente no se cumplen.

Mientras se toma una decisión, la lista de muertos sigue engordando. Wayne Lotter, uno de los líderes conservacionistas más relevantes de África, ha sido el último al que han quitado la vida. Ocurrió a finales de agosto en Dar es Salaam, Tanzania, en donde fue director y cofundador de la Fundación PAMS, una organización fundamental en el movimiento contra la caza furtiva.

Lotter había recibido multitud de amenazas de muerte en los últimos años. «Wayne era un héroe para mí y para muchos; alguien que dedicó su vida a proteger la vida silvestre de África», escribió Jane Goodall al conocer la noticia de su muerte.

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