Fuset oculta ya medio año el expediente por la encuesta fallera

Explicaciones. Rueda de prensa de Fuset sobre la encuesta. / manuel molines
Explicaciones. Rueda de prensa de Fuset sobre la encuesta. / manuel molines

El PP formulará mañana en la comisión de Desarrollo Humano una batería de preguntas a Ribó por no contestarles un recurso desde octubre

LOLA SORIANO

Sin soltar prenda. Así siguen el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que ocultan ya desde hace medio año el expediente abierto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por la polémica encuesta fallera en la que preguntaban a los organizadores de la fiesta por cuestiones de tintes políticos y de creencias religiosas sin contar con el consentimiento escrito previo de los encuestados.

Si bien LAS PROVINCIAS ya recogió en junio el malestar de decenas de encuestados, que aseguraron haberse sentido intimidados por algunas preguntas sobre ideología o incluso por el modo de realizar el cuestionario, fue en agosto cuando la agencia abrió un expediente, con una posterior propuesta de sanción en noviembre, que el Consistorio sigue ocultando, pese a que el Defensor del Pueblo ha dado la razón al grupo popular y ha exigido a Ribó que publique la sanción por la encuesta fallera.

Mientras se espera que la Agencia Española de Protección de Datos haga pública la resolución final, que se colgará en la web oficial, el Ayuntamiento de Valencia sigue poniendo trabas a la oposición. A pesar de ello, los populares aseguran que seguirán exigiendo su derecho a consultar el expediente y, por eso, anuncian que mañana harán una batería de preguntas a Ribó en la comisión de Desarrollo Humano que se celebrará en la Casa Consistorial.

El grupo popular espera recibir apoyo con el informe del Consell de Transparencia

Y es que, según denuncia el concejal del grupo popular, Félix Crespo, Ribó dictó una resolución en la que se negó a facilitar el acceso al expediente «y nosotros presentamos un recurso de reposición contra la resolución del 11 de octubre, y no se digna a contestarnos». Los populares quieren recordar a Ribó que el artículo 124.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que «el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes y han pasado tres meses y sigue en silencio».

Según explica el concejal Félix Crespo, «a la vulneración de nuestros derechos como concejales de poder acceder a toda la información de un expediente administrativo generado por el Ayuntamiento de Valencia como contempla el Reglamento del Pleno, se suma ahora el silencio al recurso de reposición presentado hace más de tres meses y al que el alcalde está obligado a contestar por Ley en un mes».

Por eso, describe esta actitud de Ribó como «una postura autoritaria» y añade que también la mantiene con el Defensor del Pueblo, que por segunda vez, el 5 de enero, se dirigió al alcalde pidiéndole explicaciones por su actitud obstructiva ante la negativa de facilitar el acceso a los expedientes y que, a fecha de hoy, no ha dado respuesta a este nuevo requerimiento del Defensor del Pueblo».

Entre las cuestiones que los populares formularán mañana en la comisión de Desarrollo Humano figura la pregunta de «por qué no se ha tramitado todavía el recurso de reposición formulado el 13 de octubre, hace tres meses». También se formula la idea de que «por qué no se atiende la recomendación del Defensor del Pueblo, pese a responder a dicha institución que sí se aceptaban sus recomendaciones».

Y también, haciendo una comparativa, preguntan por qué otras áreas municipales como el Servicio de Turismo y la Oficina de Estadística, dirigidas por los concejales Sandra Gómez y Carlos Galiana respectivamente, «sí que facilitan el acceso completo a los expedientes iniciados por investigadores de la Agencia Española de Protección de Datos» y ahora no. Y es que ya el 18 de septiembre el concejal de Cultura Festiva remitió una nota al grupo popular un informe de Secretaría General de la Administración Municipal relativo al acceso al expediente administrativo reclamado en el que se concluyó que «no debe dar acceso al expediente porque no es un expediente municipal». Desde el gobierno municipal se escudan en la idea de que es un expediente de la Agencia Española de Protección de Datos y no del Consistorio, «pero esa justificación no nos vale porque existe físicamente un expediente municipal que incorpora documentación que ha sido elaborada en el Consistorio, al igual que la notificación remitida a la empresa que hizo la encuesta».

En cuanto a la justificación de Ribó de que no se puede dar a conocer hasta que no se cierre, los populares opinan que «resulta contradictorio que, por un lado, afirme rotundamente que el expediente solicitado es de Protección de Datos y no municipal y, por otro lado, resuelve dar acceso al mismo cuando concluyan las actuaciones de la agencia. Si no puede dar acceso ahora, tampoco podría hacerlo cuando concluya».

Crespo añade que esperan que «ante las preguntas formuladas a la próxima comisión de Desarrollo Humano y al pleno sobre este recurso, el alcalde nos dé explicaciones sobre este deliberado silencio. De mantener esta actitud, nos obligaría a estudiar otras vías jurídicas para acceder al expediente y a la información a la que tenemos derecho, como está reflejando reiteradamente en sus resoluciones el Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges y el Consell de Transparencia».

Ahora los populares están a la espera de la respuesta de esta última institución a la que se dirigieron para pedir amparo. Mientras, ayer el Consistorio no contestó a las preguntas de este periódico sobre el desbloqueo del expediente.

Más

Fotos

Vídeos