Rocafort

El Consistorio asumirá la gestión del PAI de Bovalar

Los terrenos afectados por el PAI./LP
Los terrenos afectados por el PAI. / LP
El pleno deberá aprobar mañana la caducidad del programa de actuación
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Rocafort celebra mañana un pleno extraordinario para aprobar la caducidad del PAI (Programa de Actuación Integrada) del Bovalar y resolver la condición de agente urbanizador de la empresa adjudicataria. De esta manera, el Consistorio asume la gestión directa del PAI para desbloquear la situación, enquistada desde hace años, después de que las múltiples gestiones municipales con la empresa constructora hayan resultado infructuosas.

El pasado 28 de febrero, el Consell Jurídic Consultiu emitió un dictamen que consideraba procedente que el pleno declarara la caducidad del PAI por el incumplimiento del contrato por parte de la mercantil, que tampoco atendió a los requerimientos del Ayuntamiento y dejó de ejecutar parte de las acciones en unos terrenos que afectan a más de medio centenar de propietarios.

El documento establecía que la empresa debía realizar varias actuaciones para que el área tuviera uso urbanístico, como construir una rotonda en la CV-310, encauzar y conectar la cuenca de drenaje con el Barranc dels Frares, además de habilitar la conexión y puesta en marcha de la red de alcantarillado a través de Epsar .

Después de que durante el último año y medio la concejalía de Urbanismo haya realizado gestiones con la empresa para intentar solucionar la situación, el pleno municipal de septiembre aprobó el inicio del procedimiento para resolver la condición de agente urbanizador, que culmina este martes. «El PAI es producto de una época de abusos y de burbuja urbanística. Los últimos meses, el Ayuntamiento ha tomado una posición firme en defensa de los intereses del pueblo y de los propietarios, que no pueden hacer uso de sus solares como parcelas urbanas», señala el concejal de Urbanismo, Eduard Comeig.

Ahora, el Ayuntamiento opta por la gestión directa del PAI, afectando los bienes y los recursos del programa cancelado con la incautación de un aval de 54.243,30 euros, correspondiente al 10% de los depositados por la empresa. El Consistorio deberá revisar la situación actual de los terrenos, para tratar de dar salida a una situación que lleva cerca de diez años paralizada.

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