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El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (3i), llegando al juzgado de instrucción 6 de Sevilla para prestar declaración.
El caso que sentó en el banquillo a 23 años del PSOE en la Junta de Andalucía

El caso que sentó en el banquillo a 23 años del PSOE en la Junta de Andalucía

Los ERE investigan el uso discrecional de fondos públicos para pagar ayudas sociolaborales y frenar conflictos laborales

CECILIA CUERDO

Jueves, 9 de junio 2016, 18:36

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Es considerado el primer gran caso de corrupción vinculado a la Junta de Andalucía. Surge a raíz del caso Mercasevilla, cuando unos empresarios graban la petición que los directivos del mercado de abastos hispalense de una comisión de 450.000 euros para poder obtener una subvención de 950.000 euros de la Consejería de Empleo. La investigación destapa la existencia de irregularidades en las regulaciones de empleo acometidas por el mercado mayorista y la juez instructora Mercedes Alaya decide investigar si esas anomalías se repitieron en otros ERE abonados por la Junta de Andalucía.

Cinco años después, y aunque la Junta de Andalucía trató de ceñir el caso a cuatro golfos, el caso alcanza ya los 270 imputados y está presto a sentar en el banquillo a dos expresidentes regionales, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuyas carreras políticas han quedado empañadas por su situación judicial. También la de otros 24 exaltos cargos públicos. Existe una causa troncal y otras seis piezas desgajadas. La más llamativa por su relevancia política es la referida a la puesta en marcha en el seno de la administración de un procedimiento específico, arbitrario y opaco, para dar ayudas a empresas en crisis de forma rápida y evitar conflictos laborales, favoreciendo así todo un entramado clientelar de votos, según llegó a apuntar la juez instructora. Las ayudas se concedían con cargo a un fondo que llegó a ser denominado por el director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, como un fondo de reptiles. Dotado con hasta 855 millones de euros, provocó numerosos desfases presupuestarios.

Asimismo, el juzgado 6 de instrucción investigan otras tramas delictivas, como la existencia de intrusos o personas ajenas en los ERE (algunos vinculados al que fuera director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero); las ayudas directas concedidas a empresas afines a los responsables de Empleo sin siquiera mediara solicitud o las sobrecomisiones cobradas por sindicatos y empresas mediadoras que tramitaban los expedientes de ajuste de plantilla. Ésta es la última pieza formada, y afecta a 16 investigados. El fraude demostrado hasta ahora por las fuerzas de seguridad ronda los 140 millones de euros. La dilatada instrucción ha provocado que empiecen a prescribir las primeras ayudas concedidas por importe menor a los 450.000 euros.

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