El TC frustra la investidura a distancia

Fachada del Tribunal Constitucional. /Ballesteros (Efe)
Fachada del Tribunal Constitucional. / Ballesteros (Efe)
ANTONIO PAPELL

Después de una larga sesión en pos de la unanimidad, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión que le planteaba el Gobierno sorteando el carácter preventivo de los recursos del Ejecutivo para evitar que Puigdemont pueda someterse a la sesión de investidura a distancia (por vías telemáticas) o mediante delegación. La decisión adoptada es clara y tiene carácter normativo: no habrá sesión de investidura si Puigdemont no acude personalmente al Parlament.

Más información

Como es patente, el alto tribunal, que ha conseguido preservar el consenso de todos sus miembros, que es un valioso patrimonio jurídico de los constitucionalistas (tan sólo está ausente Andrés Ollero por enfermedad), no ha dado respuesta directa al recurso del Gobierno contra la decisión de la Mesa del Parlament del día 22 —la designación de Puigdemont como candidato— ni contra la del 25 —la convocatoria de la propia sesión de investidura—. De este modo, el Constitucional no violenta su doctrina, que le impide rechazar planteamientos preventivos, y se limita a rechazar determinados hechos con entidad jurídica. Esta doctrina se inauguró en 1985 con la LODE socialista: el TC se negó a suspender algunos aspectos que todavía no habían entrado en vigor.

Es también evidente que la solución de emergencia adoptada por el TC es circular porque no deja al prófugo salida alguna y le obliga enfrentarse con su irresoluble dilema: si no viene a España no será investido. Y si viene, tampoco podrá desempeñar sus funciones, porque será detenido inmediatamente en cumplimiento de la orden de busca y captura por delitos gravísimos.

En esta hipótesis, que Puigdemont no considerará siquiera —hasta sus próximos reconocen que no tiene la gallardía suficiente para enfrentar sus propias responsabilidades—, el independentismo tendría abierto un portillo de esperanza porque hay un precedente en la comunidad navarra de que un preso de Herri Batasuna fue autorizado en los ochenta a salir de prisión para pronunciar un discurso testimonial de investidura, que no prosperó. Si aquí se reprodujera este modelo, Puigdemont podría quizá ser investido pero no gobernar, obviamente, lo que debería llevar a los nacionalistas a plantearse si esto es lo que merece la ciudadanía de Cataluña. En cualquier caso, los derechos políticos de Puigdemont decaerían en cuanto recayera sobre él una condena en firme.

Sea como sea, el Estado de Derecho ha demostrado una vez más su capacidad para preservar los grandes equilibrios internos de la democracia. La marrullería obliga a veces a improvisaciones, pero las leyes legítimas se terminan imponiendo siempre. El TC y las fuerzas constitucionalistas han dado de nuevas pruebas de integridad democrática, altura intelectual y sentido común.

Fotos

Vídeos