El artículo 155 cumple un mes de aplicación sosegada en Cataluña

Concentración de trabajadores de la Generalitat el pasado 21 de noviembre./Efe
Concentración de trabajadores de la Generalitat el pasado 21 de noviembre. / Efe

Los pronósticos de desobediencia no se han cumplido y los funcionarios aseguran trabajar con «normalidad»

Nuria Vega
NURIA VEGAMadrid

Ni desembarco de los ministros de Mariano Rajoy ni resistencia de los funcionarios de la Generalitat. El desarrollo del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ha resultado menos estridente de lo que se pronosticó. Los sindicatos describen el día a día de los funcionarios de «casi normalidad absoluta» y un mes después de su puesta en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy prioriza mantener la idea de una intervención «técnica y de trámite», que requiere escasa presencia política, hasta la constitución del nuevo ejecutivo catalán. Esa obsesión ha llevado a imponer la cautela y la discreción en todos los departamentos gubernamentales.

El pasado 27 de octubre, Rajoy se inclinó por una operación con la que destituir de manera fulminante a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y sus consejeros y convocar elecciones. El anuncio de la apertura de las urnas no sólo sirvió para marcar el final de la intervención y fijar el horizonte, sino para limitar, debido al periodo preelectoral, la actividad del Gobierno de Cataluña. Alrededor de 200 altos cargos fueron cesados y se suprimieron organismos y las embajadas de la Generalitat en el exterior. Desde entonces, el balance que transmiten en el Ejecutivo es de «tranquilidad». El sindicato CSIF en Cataluña confirma que los 220.000 funcionarios de la Generalitat y sus empresas ejercen sus tareas con la misma «profesionalidad» que antes de la aplicación del 155. El vaticinio del consejero de Asuntos Exteriores, hoy en prisión provisional, nunca llegó a cumplirse. El 23 de octubre, días antes de que el Gobierno aprobara la intervención de la autonomía catalana, Raül Romeva defendió en una entrevista en la BBC que los empleados públicos no seguirían «las órdenes de Madrid». No fue así. «Nadie quiere jugarse su plaza», señala el presidente de CSIF en Cataluña.

Joan Escanilla sí admite que se han registrado algunas protestas y que la «fractura social» en Cataluña también tiene su reflejo entre los funcionarios. Pero insiste en que no ha habido episodios de desobediencia ni expedientes ni sanciones.

Fuentes sindicales apuntan que, en la práctica, quizás se han ralentizado algunos trámites ante la voluntad de la cúpula administrativa de ser escrupulosa y no avanzar sin consultar cada movimiento. Pero en términos generales los representantes del funcionariado no detectan grandes diferencias.

La lupa del Gobierno

En el Gobierno sí reconocen que hay áreas más sensibles que otras. Presidencia, Hacienda, Interior y Educación son los puntos calientes de la Generalitat y también donde se percibe un mayor control. Las decisiones más relevantes se están tomando, de hecho, en el ministerio de Cristóbal Montoro, que tiene las cuentas catalanas intervenidas desde antes de que se aplicara el 155.

Algunos de los secretarios de Estado de estos departamentos, como ocurre con Interior, se han desplazado puntualmente a Cataluña para gestionar la intervención. En los casos en los que no ha sido necesario, en las consejerías ni tan siquiera han visto a los dirigentes políticos. De actuar con tacto y de coordinar el dispositivo se encarga el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, que en sus viajes a Barcelona trabaja en la delegación del Gobierno con Enric Millo.

Bermúdez de Castro es el número dos de Soraya Sáenz de Santamaría. En ella recaen, por decisión de Rajoy, las competencias de Puigdemont, aunque trata de no ejercer en público como presidenta en funciones y calibra su presencia en Cataluña. El viernes participó en la sesión inaugural del XXII Encuentro de Economía en S’Agaró, Gerona, y el martes, en principio, está previsto que intervenga en un acto del PP.

El suyo es un trabajo de despacho. Todas las semanas, la vicepresidenta se reúne con los secretarios de Estado y subsecretarios de cada ministerio en el encuentro preparatorio del Consejo de Ministros y en esa cita se estudian los asuntos ordinarios y, después, los del 155 que serán tramitados el viernes siguiente y que terminará explicando a los medios Millo desde Barcelona.

El balance de las decisiones adoptadas hasta ahora y del funcionamiento del 155 lo trasladará al Senado Bermúdez de Castro el 4 de diciembre. También la vicepresidenta ha resuelto comparecer en la Cámara alta ante las críticas de la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, por el envío de un secretario de Estado a dar cuenta de la gestión. Fuentes gubernamentales aseguran que se pactó así con los senadores socialistas, pero Sáenz de Santamaría asegura que no tiene inconveniente en intervenir. La cita, sin embargo, según barajan sin descartar nada fuentes gubernamentales, podría tener lugar después de las elecciones catalanas.

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