El socio controla el sueldo del jefe

La justicia obliga a revisar el sistema de remuneración en empresas no cotizadas | El Supremo determina que la retribución del consejero ejecutivo debe constar en los estatutos y cumplir el tope que apruebe la junta general

Un grupo de personas participa en una reunión de negocios. /
Un grupo de personas participa en una reunión de negocios.
INÉS HERRERO VALENCIA.

Todo lo que cobra el consejero ejecutivo de una empresa no cotizada debe estar sometido al control de los socios. Así lo determina el Tribunal Supremo en su reciente pronunciamiento al respecto, en el que concluye que el sistema de retribución del administrador debe constar en los estatutos y estar sujeto al importe máximo aprobado por la junta general de socios. Tanto lo que gana como consejero, como lo acordado en su contrato con el consejo de administración por desempeñar funciones ejecutivas.

En su sentencia del pasado 28 de febrero, el Supremo contradice la interpretación predominante hasta la fecha y señala que no basta con incluir lo que cobra el consejero delegado por sus funciones ejecutivas en el contrato negociado con el consejo de administración. Esa remuneración debe constar en los estatutos sociales, al igual que la percibida por su condición de consejero.

Ese fallo tiene su origen en la negativa del registro mercantil a inscribir una cláusula estatutaria que preveía la gratuidad del cargo de administrador, con opción de que el consejo acordase una remuneración para los consejeros delegados o con funciones ejecutivas sin tener que someterla a la junta ni incluirla en los estatutos de la empresa.

Para el Alto Tribunal, el salario del jefe es competencia de la junta general de socios, no sólo del consejo de administración, y debe estar englobado en la cuantía máxima que acuerda cada año como remuneración global para todos los consejeros, con o sin funciones ejecutivas.

Ese pronunciamiento, en la práctica, obliga a revisar el sistema de remuneración de los consejeros delegados a aquellas empresas no cotizadas -la inmensa mayoría de la Comunitat Valenciana- que tengan consejo de administración y un administrador con funciones ejecutivas, con la correspondiente retribución, organización habitual entre las de tamaño medio o grande.

De hecho, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) atestigua en las últimas semanas un incesante goteo de compañías radicadas en cualquiera de las tres provincias que modifican sus estatutos para cumplir los nuevos requisitos del Supremo. Ya sea para precisar si el cargo de administrador será gratuito o remunerado o bien para detallar el sistema de retribución e incluso, en algunos casos, la cuantía máxima.

Entre los riesgos de no adaptar los estatutos sociales para incluir el sistema y los conceptos por los que cada empresa paga a su consejero delegado, y computarlos dentro del tope global fijado por la junta, destaca la pérdida de la deducción fiscal correspondiente a las cuantías abonadas por encargarse de funciones ejecutivas. Para que esa retribución sea considerada un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades se exige que se cumpla la legislación mercantil aplicable y, teniendo en cuenta que el pronunciamiento del Supremo contraviene la doctrina hasta entonces mayoritaria, se podría cuestionar la deducción obtenida en todos los ejercicios no prescritos.

En la práctica

Analizar caso por caso
Comprobar si se cumplen los nuevos requisitos y las posibles consecuencias mercantiles y/o fiscales.
Aprobar los cambios
La junta general debe acordar la retribución del consejero y las modificaciones estatutarias pertinentes.
Adaptar estatutos
Modificar los estatutos sociales para incluir el sistema y los conceptos de retribución del consejero delegado.

Aparte de afectar a la carga fiscal que soportan las empresas, las condiciones fijadas por el Supremo también pueden tener consecuencias en la convivencia en el seno de las compañías, especialmente en aquellas en las que la relación entre sus miembros no atraviese su mejor momento. Y es que, ahora, la retribución del consejero delegado es un tema que también compete a los socios, no basta con lo que decida el consejo.

«Se abre la puerta a que, en empresas con relaciones conflictivas, los socios puedan cuestionar la retribución percibida por los consejeros delegados sin cumplir esos requisitos», constata Pedro Albarracín, asociado senior de Andersen Tax & Legal. Por ejemplo, en caso de que cobrasen sin que los estatutos recojan el carácter retribuido del cargo, en atención a lo previsto en su contrato, los socios podrían plantearse ahora emprender acciones contra la empresa o los consejeros para recuperar las cantidades abonadas sin que estuviesen contempladas. Y lo mismo por superar el tope anual aprobado, podrían impugnarlo a nivel interno o acudir a los tribunales.

A falta de ver cómo se interpreta en la práctica el fallo del Supremo, Albarracín aconseja revisar el sistema de retribución y aprobar los cambios estatutarios pertinentes, entre otras cosas para garantizar la adecuación de los contratos vigentes.

Indemnización por cese

Ernesto Rey, socio de Garrigues, remarca que «cualquier tipo de contraprestación económica que pueda percibir el consejero delegado por su labor tiene que ser aprobada por la junta de socios, desde la retribución a los bonus, pluses e, incluso, la indemnización por despido o cese».

Se trata, en definitiva, de que los consejeros ejecutivos «no puedan recibir ninguna cantidad, por el concepto que sea, que se escape del control de los socios». Ahora, «todos van a tener voz y voto» y, con ello, «podría haber conflicto». «Es cuestion de tomar nota y regularizar», zanja.

Para Carmen March, de Broseta, «será prudente que las sociedades no cotizadas revisen sus estatutos a fin de asegurar el amparo estatutario de la retribución de los consejeros delegados» y actúen en consecuencia, aunque «cabe también preguntarse si el pronunciamiento del Supremo establece el criterio definitivo sobre el régimen de retribución o constituye el inicio de un nuevo debate».

Expertos jurídicos

Ernesto Rey. Garrigues
El cambio fundamental, según el socio de Garrigues, es que «cualquier contraprestación económica que pueda percibir el consejero delegado estará sometida al control de la junta». Ya no basta con lo acordado por el consejo, «todos los socios tendrán voz y voto sobre esa remuneración».
Carmen March. Broseta
Para la socia de Broseta, el fallo «revoluciona de nuevo, y quizá innecesariamente, el régimen de remuneración de administradores». A su juicio, sería prudente revisar los estatutos, aunque cabe preguntarse si ese criterio será el definitivo o, por el contrario, se abrirá un nuevo debate.
Pedro Albarracín. Andersen T & L
El asociado senior de Andersen Tax & Legal considera que, aparte de la contingencia fiscal, «se abre la puerta a que los socios cuestionen retribuciones percibidas sin cumplir esos requisitos» e «incluso podrían exigir la devolución de fondos», a nivel interno o en los tribunales.

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