Los supermercados exprés presentarán alegaciones contra las trabas para abrir en festivo

Dos clientas en un supermercado de pequeño formato. / REUTERS/Enrique Marcarian
Dos clientas en un supermercado de pequeño formato. / REUTERS/Enrique Marcarian

La patronal que agrupa a Supercor y Carrefour Express se opone a que el Consell condicione ahora la oferta de las tiendas de conveniencia

INÉS HERRERO

«En el siglo XXI, con la fortísima competencia de internet, no se debería penalizar al comercio físico con limitaciones que el comercio on-line no tiene». Así reivindica la libertad horaria Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas de Supermercados Españolas (ACES), que prepara alegaciones contra las nuevas trabas del Consell para que Supercor o Carrefour Express cierren en festivo.

Del Pino, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, defiende la libertad total de horarios para que consumidores y empresas «vayan configurando dinámicamente un modelo comercial que se adapte a las necesidades y posibilidades de ambos».

Desde la patronal, que representa a las tiendas de menor tamaño de Carrefour, Eroski, Lidl, Supercor y Simply de toda España, están estudiando el proyecto de decreto que plasma el nuevo marco de horarios comerciales y complica que los locales de hasta 500 metros cuadrados y al menos 18 horas diarias de apertura sigan subiendo la persiana en domingo, al limitar al 40% el peso máximo de la alimentación.

Del Pino: «No resultaría razonable ninguna restricción adicional a la libertad comercial"

Ese texto, sometido a quince días de presentación de alegaciones tras su publicación ayer en el DOGV, obliga a las llamadas tiendas de conveniencia a tener entre un 20% y un 40% de cada una de las cuatro gamas de producto exigidas: libros, periódicos y revistas; artículos de alimentación; discos, vídeos, juguetes y regalos y, por último, artículos diversos. Con las nuevas condiciones introducidas desde la conselleria que dirige Rafael Climent, para conservar la libertad horaria ninguna categoría, tampoco alimentación, puede ocupar más del 50% de la tienda.

Seguridad jurídica

Desde ACES cuestionan esa ofensiva del Gobierno valenciano para condicionar la oferta de las tiendas de conveniencia. Su presidente mantiene que «mientras existan restricciones a la libertad comercial, las empresas tratan de responder a las demandas de sus clientes a través de las posibilidades que deja la legislación y, para eso se realizan importantes inversiones que tienen que estar respaldadas por una cierta seguridad jurídica».

Aurelio del Pino advierte, en este sentido, de que «las limitaciones perjudican siempre en última instancia al consumidor, que es quien se ve privado de posibles mejoras en la oferta comercial».

A falta de hacer un análisis detallado del texto y «comprobar su adecuación al marco normativo y competencial», el dirigente patronal señala que «no resultaría razonable ninguna restricción adicional a la libertad comercial» y garantiza que presentarán alegaciones contra esas nuevas trabas a la libertad horaria.

Y lo mismo harán desde la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova), que representa a Mercadona, Consum y Masymas y pertenece a la otra gran patronal de supermercados, Asedas. En su caso, aseguran no verse afectados por el endurecimiento de los requisitos para las tiendas de conveniencia porque sus socios no tienen ese tipo de establecimientos.

A los asociados de Asucova, como publicó este periódico, les preocupan otros elementos incluidos en ese mismo decreto, como la revisión de las zonas turísticas a los cuatro años, cuestionada en su día tanto por el Gobierno central como por la Abogacía General de la Generalitat.

Joaquín Cerveró, portavoz de las grandes superficies (Anged), añadía a los motivos para preparar alegaciones la potestad municipal de ordenar el cierre de los comercios en hasta dos festivos autonómicos o nacionales si coinciden con festivos locales o situaciones excepcionales de análoga trascendencia. Siempre, eso sí, que respete el mínimo de diez festivos de apertura anuales y los autorizados por acumulación.

Para Asucova, ese punto «introduce arbitrariedad y puede generar problemas donde no los había», diagnóstico que hace extensivo a la revisión de zonas con libre apertura.

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