Siete de cada diez euros en multas europeas, a cargo de las arcas españolas

Solo en el último lustro acumula casi 54 millones en multas, 5,4 veces más que el segundo país, Bélgica

J. A. BRAVO MADRID.

No cumplir con las reglas comunitarias ni en la forma debida ni en el momento oportuno le está saliendo caro a España, y mucho en comparación con el resto de Estados miembros de la UE. Y es que siete de cada diez euros que ingresa la Comisión Europea (CE) en concepto de multas vienen de sus arcas públicas.

Según la última estadística de Bruselas -que recoge las sanciones en el año en que recibe el ingreso, dado que antes pueden ser recurridas-, España ha pagado 53,9 millones de euros solo en los últimos cinco ejercicios. Esa suma supera en 5,4 veces el segundo mayor castigo económico aplicado por la CE, que recae en Bélgica con otros 10 millones.

El tercer puesto lo ocupa Grecia, con 5,4 millones, seguida de Irlanda con 4,1 millones y Suecia con dos. Por detrás de ellos se acabaron las sumas millonarias y la que aparece es Portugal, con sólo 388.000 euros.

Los motivos de esas sanciones son sobre todo tres: incumplir las directivas europeas, trasladarlas con retraso a la normativa nacional o desobedecer sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE). Esto último le sucedió a España con la reforma de la estiba, que se encarga de las tareas de carga y descarga de mercancías para los barcos que llegan a los puertos.

En diciembre de 2014 el TJUE dio la razón a Bruselas, al estimar que en la estiba había monopolio de 'facto'. Pero como el Gobierno no cambió la situación pese a ser expedientado el país, en 2006 volvió a la carga proponiendo dos multas que sumaron más de 24 millones. La reforma no se aprobó hasta mayo pasado, si bien la admisión de culpa y su «buena fe» concedió cierto indulto a España, reduciendo el castigo a tres millones.

El problema es otros casos amenazan con sanciones. La Ley Hipotecaria, que supera los dos años de retraso en aprobarse -no se espera hasta mediados de 2018- es de los más importantes. Pero aún no habido petición de sanción, a diferencia de los 186.000 euros diarios por no recoger toda la directiva de 2014 sobre contratos de concesión y los 124.000 euros por incumplir las normas de gestión de derechos.

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