La Ley de la Sequía prevé medidas para aliviar los costes eléctricos en riegos

También se reducirá el peaje de respaldo para facilitar el empleo de paneles fotovoltaicos, pero todo ello queda supeditado a futuros estudios y reglamentos Pozos e instalaciones de bombeo podrán cambiar dos veces al año la potencia contratada para ahorrar en épocas de poco uso

VICENTE LLADRÓ VALENCIA.

El pasado día 7 de marzo publicó el BOE la llamada Ley de la Sequía, que contempla «medidas urgentes» para paliar las pérdidas agrarias producidas por la falta de agua. Entre dichas medidas se incluyen reducciones fiscales, en el IBI e IRPF, habituales en estos casos, así como una línea especial de créditos ICO a un interés máximo del 1,5% para quienes hayan sufrido mermas de producción de al menos un 20%.

También se anuncian cambios importantes en cuanto a tarifas eléctricas en instalaciones de bombeo para riego agrícola y para estimular en las mismas inversiones en energías renovables. Sin embargo, estos avances para aliviar costes sólo están enunciados y quedan pendientes de su posterior desarrollo reglamentario y de otros condicionantes.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, se apresuró a señalar que la nueva ley «supone un nuevo paso en la batalla por conseguir tarifas eléctricas más competitivas», ya que «abre la puerta a disponer de dos contratos en un mismo año con potencias diferentes», lo que ha venido siendo una larguísima demanda del sector.

Esta medida supondría que cualquier pozo de riego o comunidad de regantes con instalaciones eléctricas de bombeo podría variar dos veces al año la potencia contratada, aumentándola o reduciéndola según las necesidades de cada etapa, pues lo que ahora ocurre es que en los meses de poco riego, o incluso nada, porque ha llovido o porque los cultivos no demandan agua en ese momento, las facturas eléctricas siguen siendo voluminosas, aunque no haya habido consumo.

El problema está en que el término que antes se conocía como el 'mínimo' del recibo de la luz, en los últimos años ha crecido de forma desorbitada, hasta tener muchos meses mayor cuantía que la parte del consumo real. La cuestión se resolvería si se permitiera reducir la potencia cuando no se necesita usarla, pero eso sólo se puede hacer una vez al año, de manera que si, por ahorrar, se bajara por ejemplo al inicio del invierno, no se podría volver a subir hasta doce meses después, y es evidente que en medio estaría el verano, cuando más se precisa el agua.

Existen muchas comunidades o agrupaciones de regantes que disponen de varios bombeos, por lo que sería muy factible dejar desconectado alguno en invierno para volver a retomarlo a final de la primavera, lo que representaría importantes reducciones de costes.

Esta posibilidad de cambiar dos veces al año de potencia eléctrica contratada está reflejada en la disposición final 'quinta bis' de la Ley de Sequía. No obstante queda pendiente de lo que «reglamentariamente se determine» y condicionada a que «la fijación así establecida sea consistente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema».

Fuentes de la Asociación de Pozos de Riego de AVA-Asaja han expresado sus reservas sobre la concreción definitiva de estas disposiciones. Dada la reserva que expresa le ley podría ocurrir que si fueran pocos los que se acogieran, se dejara así para 'sacar pecho' por la bondad de las medidas aprobadas; pero de ser muchos los beneficiarios que quisieran acogerse, quizás se resintiera «la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema» y habría marcha atrás.

Otra medida aprobada por la ley pero que queda igualmente en 'stand by' es la referida al fomento de «fuentes renovables» de energía en instalaciones de riegos. Dice la disposición final segunda que «de forma excepcional se podrán establecer reglamentariamente reducciones a los peajes y cargos para determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo...» Una posible solución que incentivaría por ejemplo inversiones en paneles fotovoltaicos, porque ahora, si la potencia es mayor de 10 kilovatios, se ha de pagar el llamado 'peaje de respaldo', que grava la propia energía generada y autoconsumida, lo que supone una barrera. Si se eliminan o reducen los «peajes o cargos», como dice la ley, se animaría de inmediato el esfuerzo inversor para ahorrar costes, pero de nuevo se fía todo al posterior desarrollo reglamentario y a la «sostenibilidad económica del sistema». Así que todo es positivo sobre el papel, pero queda pendiente se confirmación.

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