La UE quiere prohibir prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria

Agricultores valencianos protestan en Madrid por los bajos precios que reciben. / sergio Barrenechea
Agricultores valencianos protestan en Madrid por los bajos precios que reciben. / sergio Barrenechea

Bruselas obligará a los Estados miembros a que sancionen las demoras en los pagos o la imposición unilateral de condiciones en los contratos

V. LLADRÓ

valencia. La Comisión Europea ha propuesto a los Estados miembros que adopten medidas nacionales para prohibir prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos, a fin de «garantizar un trato más justo para las pymes alimentarias y agrícolas».

De esta manera, Bruselas cumple al fin con su promesa de entrar en el difícil entramado agroalimentario para tratar de poner orden y proteger los eslabones más débiles de la cadena de producción-comercialización.

El término de 'propuesta' puede llevar al equívoco de creer que será algo voluntario, que cada país podrá decidir si lo hace o no, pero será obligatorio a través de una 'directiva' que pasará por los dos órganismos 'colegisladores', la Eurocámara y el Consejo. Luego, cada Estado podrá adoptar otras medidas complementarias que crean convenientes. España ya lo hace.

España ha sido pionera en implantar medidas de este tipo que ahora se generalizan en Europa

La Comisión ha concretado formalmente que «las prácticas comerciales desleales que deben prohibirse son las demoras en los pagos de productos perecederos, las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos y obligar al proveedor a hacerse cargo de los gastos de los productos perdidos».

Hay otro apartado de pautas comerciales que en principio cabe considerar también como irregulares o desleales, pero que se pueden «permitir», según un comunicado de la Comisión, pero «sólo si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes». Entre ellas cita las siguientes: «un comprador que devuelve al proveedor productos alimenticios no vendidos, un comprador que cargue al proveedor unos gastos por asegurar o mantener un acuerdo de suministro de productos alimenticios o un proveedor que corra con los gastos de promoción o comercialización de los productos alimenticios vendidos por el comprador».

Entre todo este listado de distorsiones comerciales, recortes y potenciales abusos se encuentran muchas de las situaciones que un sinfín de operadores del sector agroalimentario han sufrido y denunciado en innumerables ocasiones, teniendo siempre las de perder por la asimetría negociadora: los grandes imponen sus pautas a los pequeños. Y tras décadas de plantear y denunciar tantos abusos, Bruselas toma al fin cartas en el asunto.

España se anticipó desde hace algunos años en esta línea, al aprobarse aquí la ley de equilibrio en la cadena agroalimentaria y crear 'Aica', la agencia que se encarga de supervisar su cumplimiento e imponer sanciones a los transgresores. Ahora, la propuesta europea «obliga a los Estados a designar una autoridad pública» con cometidos similares a los de la española 'Aica'.

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