Un proveedor de formación de Unión Naval reconoce que firmaba papeles en blanco

El empleado admitió la operativa de que las horas de cursos se facturaban incluidas en otros servicios que prestaba la empresa, propiedad a su vez de uno de los trabajadores de Unión Naval. «A mí me daban un pedido y yo confeccionaba la factura. Pero los cursos no estaban nunca dentro de esa hoja», aclaró. También compareció ayer el asesor fiscal de otra firma proveedora del astillero. No supo explicar cómo existía una factura por supuestos cursos impartidos en Unión Naval pese a que la empresa no se dedicaba a esa actividad.

El dueño de Progene admitió en su día que su sociedad aceptó la práctica irregular porque desde Unión Naval le aseguraban que de esa forma seguirían contratando sus servicios. La denuncia, al parecer, fue presentada por la empresa afectada una vez se rescindió el contrato que mantenía. Uno de los acusados denunció durante el primer día de juicio que el empresario le amenazó con denunciar los hechos -tal y como luego ocurrió- al ver que se rompía el vínculo comercial.

La investigación comenzó después de que Boluda Corporación Marítima, del que formaba parte, anunciara el cierre del astillero de Unión Naval en mayo de 2012 por falta de encargos. Los hechos que ahora se enjuician pertenecen a los ejercicios de 2008 y 2010. Unión Naval era la única factoría de construcción de grandes buques que le quedaba a esta compañía tras el cierre de sus astilleros en Barcelona y Marsella (Francia).

La policía confirmó durante la primera sesión del juicio la manipulación de estas facturas para lograr subvenciones por parte de la UE. La fiscalía considera que los hechos pueden constituir delitos de falsedad y estafa y reclama seis años. Pero ofrece una calificación alternativa, que se trate de un fraude de subvenciones. En ese supuesto, la pena se rebaja a cuatro años de cárcel. El juicio quedará hoy visto para sentencia.