La propuesta de elecciones agrarias se enfrenta al problema de definir quiénes serían electores

V. LLADRÓ

valencia. La proposición no de ley, presentada en Les Corts por Compromís y PSPV-PSOE, que insta al Consell a iniciar los trámites para convocar elecciones agrarias en la Comunitat Valenciana, rescata la antigua polémica sobre cómo debería efectuarse un proceso electoral de este tipo y, sobre todo, se enfrenta al polémico problema de definir quiénes serían los electores.

En apariencia, la cuestión sería fácil; cualquiera puede pensar que lo lógico es que en unas elecciones agrarias participen los agricultores y ganaderos, pero a renglón seguido se plantean interrogantes. ¿Se entiende por agricultores y ganaderos a todos los titulares de campos y ganados, o sólo a los que lo sean de manera preferente y coticen en la Seguridad Social agraria ? Entonces ¿dónde quedan los titulares que no están en dicho régimen?

Mientras que La Unió de Llauradors ha recibido con felicitaciones la propuesta y señala que «por fin podrán votar los profesionales del campo para elegir a sus representantes», AVA-Asaja ha indicado que no cree «que sea el momento más indicado cuando hay tantas cosas pendientes». La Unió considera que las elecciones «servirán para modernizar y profesionalizar el campo», pero AVA advierte que no ve operativo un Consell Agrari autonómico, que sería lo que se elegiría, y dice que si es para medir la representatividad de cada organización, «la Administración ya conoce quién es cada cuál y qué es capaz de hacer».

La cuestión de fondo está en definir quién podría votar. La Unió defiende que sean «los profesionales, aquellos que viven de su actividad en el campo; los médicos, arquitectos, albañiles, electricistas, etc. votan en sus colegios profesionales o centros de trabajo, por tanto resulta lógico que en el campo valenciano lo hagan aquellos que viven prioritariamente de esto».

AVA-Asaja defiende, sin embargo, que puedan votar «todos los que tengan ingresos agrarios y tributen por ellos en la declaración de renta», y señala al mismo tiempo que «limitar el censo electoral al de la Seguridad Social agraria sería dejarlo en el 9% o 10% de la realidad».

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