El Gobierno pone en marcha el arbitraje obligatorio para el conflicto de El Prat

El Prat opera con normalidad. / Efe

David Valera
DAVID VALERAMadrid

El Gobierno ha puesto en marcha la figura del laudo arbitral obligatorio para solucionar el conflicto de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de El Prat con la empresa concesionaria Eulen que ha provocado una huelga indefinida. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al dar un plazo de 24 horas a las partes para que acuerden el nombramiento de un árbitro. En caso contrario, el Ejecutivo impondrá el mediador en las siguientes 24 horas. El objetivo es que la decisión de arbitraje deberá ser resuelta en un plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha de designación. Ese laudo será de obligado cumplimiento para empresa y empleados.

El ministro De la Serna ha insistido en que el laudo arbitral obligatorio está amparado por el decreto 17/1977 como herramienta para la solución de la huelga. Asimismo, ha justificado la decisión de recurrir a esta medida una vez se ha constatado "el fracaso de la mediación de la Generalitat". "No hay otro recurso legal para hacer frente a esta situación", ha señalado tras un Consejo de Ministros extraordinario por esta situación.

Asimismo, De la Serna ha explicado que el arbitraje obligatorio se produce por la duración prolongada de la huelga o las graves consecuencias de la misma. Así, ha resaltado que las partes mantengan "posiciones irreconciliables". Y también por las graves consecuencias que el conflicto tiene para la economía española al afectar al turismo del país que representa el 11% del PIB y por afectar al empleo y a la imagen del país.

El arbitraje obligatorio llega después de que el Gobierno decidiese también reforzar los efectivos de la Guardia Civil en los controles del aeropuerto barcelonés "para garantizar la seguridad y el orden público". En este sentido, De la Serna ha afirmado que esta medida ha permitido llevar la "normalidad" al aeropuerto "en el más absoluto respeto al derecho de huelga". Algo que no comparten los sindicatos, ya que consideran que se está vulnerando este derecho.

Por otra parte, el ministro de Fomento también ha explicado que el Gobierno acepta la propuesta realizada por los sindicatos UGT y CC OO de crear un grupo de trabajo sobre la situación laboral de los trabajadores de la seguridad privada. "Cogemos el guante y trasladamos a los sindicatos nuestra voluntad de sentarnos en unos días para constituir que acelere un marco legal de ámbito nacional para este tipo de cuestiones", ha indicado.

Tranquilidad en el aeropuerto

Por otra parte, el aeropuerto de El Prat ha operado con normalidad en la tercera jornada de huelga indefinida de los trabajadores de Eulen, que han recibido hoy el apoyo de vigilantes de otras empresas mientras esperan la decisión sobre el laudo obligatorio que tome el Consejo de Ministros. Según el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, la actividad aeroportuaria es la habitual en un día de pleno agosto e incluso se han reducido, hasta desaparecer en algún momento, las colas que se registraban de madrugada en los controles estos últimos días.

La instalación aeroportuaria, que tiene previsto hoy 499 vuelos de salida, ha registrado el pico máximo de espera (17 minutos) a las 3:54 horas y los tiempos se han ido reduciendo en especial a partir de las 5:12. El refuerzo de los filtros con más agentes de la Guardia Civil y el cumplimiento de los servicios mínimos de más del 90% ha hecho que las colas se redujeran ostensiblemente desde el pasado lunes, precisamente cuando se inició la huelga indefinida de los trabajadores que se encargan de los controles de seguridad.

A media mañana, una veintena de vigilantes de otras empresas que trabajan en el aeropuerto se han desplazado a las dos terminales para apoyar a sus compañeros de Eulen. Los manifestantes han dedicado sonoros aplausos a sus compañeros en huelga y han lanzado consignas como "Sí se puede". La portavoz del comité de Eulen Purificación Infante ha subrayado que la intención de la plantilla es mantener la huelga indefinida hasta que se apruebe el laudo obligatorio que ha puesto en marcha el Gobierno.

"Mantendremos la protesta. Siempre hemos tenido miedo y ya ha llegado el momento de decir hasta aquí. Ya no podemos aguantar más con las condiciones laborales que tenemos", ha asegurado Infante. El comité de huelga asegura que un trabajador de Eulen sin antigüedad gana unos 1.100 euros al mes brutos, sumando el salario base, que es de 908 euros, y varios pluses (de peligrosidad, transporte o vestuario), por lo que la cantidad neta que perciben es de unos 965 euros. Los empleados subrogados, que son el 75 % de la plantilla, tenían un plus que se ha ido reduciendo hasta quedar en 98,82 euros.

Rechazo a la propuesta

La asamblea de trabajadores rechazó la semana pasada la propuesta de mediación de la Generalitat que, además de mejoras organizativas, contemplaba un plus de 200 euros por doce pagas, que absorbería los 98,82 que ya cobran los más antiguos en el caso de que se aprobara. El Consejo de Ministros se reúne esta tarde de manera extraordinaria para abordar el conflicto de El Prat, cuya solución pasa ahora por un arbitraje mediante un laudo obligatorio, que impondría las condiciones laborales tanto a la empresa como a los trabajadores de Eulen.

El sindicato USOC, que tiene miembros en el comité de huelga de Eulen, ha calificado de "despropósito" que el Gobierno quiera "forzar" un laudo obligatorio "para impedir el derecho de huelga", y ha denunciado que "en este conflicto se han vulnerado los derechos más elementales". "En vez de defender a la parte más débil se han conculcado todos los derechos, para impedir mejorar las condiciones laborales de los trabajadores", ha asegurado en un comunicado la central sindical, que ha reprochado también que se utilice a la Guardia Civil "como esquiroles" y "controladores del trabajo".

UGT ha reclamado la constitución de un grupo de trabajo, con sindicatos y patronales, que aborde "de forma integral" la situación de la seguridad privada, especialmente sobre las condiciones de trabajo, formación o salarios, en los servicios esenciales e infraestructuras críticas.

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