Un plan inviable

Campo de la huerta de Valencia. Al fondo, las primeras casas de Benimaclet. / damián torres
Campo de la huerta de Valencia. Al fondo, las primeras casas de Benimaclet. / damián torres

Un dictamen del catedrático de la Politècnica advierte «graves errores de planteamiento» y que no se tiene en cuenta la actividad agraria El profesor Vicente Caballer concluye que la protección de la Huerta de Valencia no tiene sentido como propone el Consell

VICENTE LLADRÓ VALENCIA.

Un dictamen del profesor Vicente Caballer sobre el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia (PATODHV) concluye que «es inviable con la propuesta actual», revelando que «existen graves errores de planteamiento, tanto en el fondo como en la forma».

Vicente Caballer es catedrático Emérito de la Universidad Politècnica de Valencia, ha desarrollado su carrera en la especialidad de Economía y Sociología Agraria y es una autoridad académica con reconocimiento internacional en materias de valoración rústica y planificación agraria.

En la confección de este dictamen sobre el plan de protección de la Huerta han colaborado con Caballer Jesús Rodríguez Pasamontes, arquitecto y profesor de Urbanismo de la Politécnica, y Petra Santisteban Cazorla, doctora arquitecto.

Lo primero que critica este informe universitario es que, mientras que en el plan «se percibe un proyecto de ordenación de un paisaje en situación básica de rural», al mismo tiempo «se ignoran totalmente aspectos agronómicos y económicos agrarios», lo que debiera ser «fundamental en la ordenación de un territorio basado en la actividad agrícola».

Por otro lado, destaca Caballer que el criterio de circunscribir el concepto de L'Horta al Área Metropolitana de Valencia, y por extensión a las tres comarcas que rodean la capital, «supone una burda simplificación de una realidad compleja, como se demuestra de manera paradigmática en L'Horta Nord, con grandes diferencias insalvables en los aspectos paisajístico, agrario, sociológico y funcional».

El dictamen reprocha las pretensiones megalómanas de extender la supuesta protección a una amplísima área que se extiende hasta el límite entre Puçol y Sagunto por el norte, la Albufera por el sur y Ribarroja por el oeste. Es un vasto territorio identificado así por la coincidencia con los trazados de las acequias históricas que parten del Turia, cuando los autores del informe entienden que debería circunscribirse a un espacio mucho más reducido, las zonas de huerta más próximas a Valencia capital, dejando de lado áreas que ya están profundamente degradadas y centrándose en las que aún cabe recuperar. En cualquier caso, por el norte dudan los autores que cupiera llegar hasta los pueblos del partido judicial de Massamagrell. Desde luego, Puçol y El Puig deberían quedar fuera.

En otro orden se advierten apreciables contradicciones en los documentos del plan; en general «un marcado sesgo entre la percepción visual que se pretende transmitir a los ciudadanos y la realidad».

La inmensa mayoría de las imágenes fotográficas que forman parte de la documentación «se refieren a una muy pequeña zona que se corresponde con los alrededores de la acequia de Vera, de máximo valor paisajístico y agrícola, sólo extrapolable hasta el Barranco de Carraixet». Sin embargo «queda prácticamente oculto el paisaje del resto de las tres comarcas, que nada tiene que ver con dicha visión idílica que todos los valencianos queremos mantener».

Por otro lado se achaca que el plan «adolece de la falta de un estudio económico y su financiación se traslada a un aumento (supuesto e improbable) de la competitividad y rentabilidad de la actividad agraria». Se incide en que esta expectativa es irreal, dadas las dificultades que desde antiguo se vienen manteniendo para mejorar las rentas de los agricultores, así como las nuevas restricciones derivadas de las propuestas del propio plan; por ejemplo la prohibición de instalar invernaderos para no afear el paisaje, o las limitaciones para según qué tipos de cultivos, lo que implicaría disminuir las posibilidades de producir y por tanto las de rentabilizar el trabajo agrícola.

En consecuencia concluye el dictamen que «cualquier acción que se pretenda realizar deberá financiarse con recursos públicos». Y añade que «a las previsiblemente cuantiosas compensaciones a la agricultura activa se deberán añadir las destinadas a la recuperación de terrenos incultos y abandonados», dependiendo ambos conceptos de la superficie que finalmente abarque el plan.

El dictamen incide varias veces en la escasa relevancia que se da en la documentación del plan a la propia actividad agraria, que es la mayoritaria de la Huerta y la que se supone que debe ser la que asegure la condición de huerta que se pretende proteger.

En este sentido «llama poderosamente la atención» que el plan se desarrolle «en el ámbito de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en vez de enmarcarse en las competencias de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural».

Los autores entienden que esta aparente disfunción de partida puede estar motivada por el escaso interés secular por el cuidado del paisaje rural a todos los niveles, así como las dinámicas derivadas de la presión urbanística sobre la zona, pero señalan también que de ello se derivan importante lagunas de concepto, como dar a entender que sigue siendo huerta todo lo que lo fue en tiempos históricos, no caer en la cuenta de que hoy no hay uniformidad de cultivos hortícolas y que gran parte del territorio es en realidad un naranjal, más que una huerta.

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