El personal de seguridad amenaza ahora con ponerse en huelga en Manises y El Altet

Una pasajera pasando un control de seguridad del aeropuerto de Manises. / j. monzo
Una pasajera pasando un control de seguridad del aeropuerto de Manises. / j. monzo

El sindicato UGT plantea extender los paros a toda España si no se fijan unas condiciones laborales mínimas en el sector

ÁLVARO MOHORTE VALENCIA.

Un modelo único de contratación para el personal de seguridad en los aeropuertos españoles que garantice el cumplimiento del convenio colectivo estatal de la profesión. Esta es la exigencia que han puesto sobre la mesa los representantes del sindicato UGT para no ir a la huelga en toda España, tras prolongarse el conflicto laboral en Barcelona. Por su parte, el sindicato USO discrepa de la medida y considera que, de ir a la huelga, se debería hacer en septiembre y no en plena temporada vacacional.

En el caso de Valencia, los trabajadores apoyan la movilización, aunque antes del puente se reconocía que no hay razones de enfrentamiento con la concesionaria, Prosegur. La movilización se concretaría en paros parciales que se pueden convocar en los próximos días, tras la presentación hoy de un preaviso de huelga si no se alcanza un compromiso del Ministerio de Fomento y el sindicato para afrontar el problema de una manera general y no por medio del nombramiento de un árbitro para el caso concreto de Eulen en Barcelona. Sus compañeros del aeródromo alicantino de El Altet no secundan el ultimátum, pero se reservan sumarse a la huelga, una vez se conozca la decisión del Consejo de Ministros sobre el conflicto de El Prat.

Además, UGT señala en un comunicado que la problemática, «aún siendo muy grave en el caso de la seguridad privada, no es exclusiva de este sector, ya que se puede hacer extensiva a otro tipo de subcontrataciones, como es el caso de los servicios de limpieza, servicios auxiliares, etc».

El responsable del sector de seguridad y limpieza de FeSMC-UGT-PV, Saturnino Martínez, asegura que la situación de El Prat de Barcelona y las tensiones en otros puntos del país se deben a las características de los concursos convocados por parte del Estado. El sindicalista insiste en que el precio es el factor predominante, lo que ha llevado a que determinadas empresas con convenio laboral propio presenten ofertas a precios muy bajos que obligan al resto de aspirantes a recortar los sueldos de sus trabajadores para ganar los concursos públicos.

Desde la reforma laboral de 2012, las compañías pueden rebajar las condiciones salariales y los derechos fijados en los convenios sectoriales en sus convenios de empresa. Así, los sindicatos denuncian que, si bien el convenio colectivo estatal fija en materia salarial una retribución mínima de 900 euros, determinadas empresas pequeñas y medianas rebajan esta cifra hasta los 500 euros.

Martínez advierte que la movilización que se plantea en Valencia y Alicante no es contra la adjudicataria del servicio, Prosegur, sino contra el Estado por obligar a las empresas a encajar los costes laborales en unos márgenes cada vez más estrechos. Como ejemplo de los derechos perdidos, Martínez señala que en Valencia ya no se les paga el parking en el aeropuerto, lo que obliga a la plantilla a dejar el coche en un polígono industrial cercano y, al no haber pasarela de paso, los trabajadores cruzan por la carretera.

El responsable del sector de seguridad y limpieza de FeSMC-UGT-PV señala directamente al efecto que han tenido las ofertas presentadas por el Grupo Ralons, como Seguridad Integral Canarias, por haber rebajado considerablemente el precio de las adjudicaciones en las últimas fechas. Las compañías del empresario Miguel Ángel Ramírez, también presidente de Unión Deportiva Las Palmas, están especializadas en la prestación de servicios de distinta tipología, yendo desde la limpieza y la seguridad hasta la logística.

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