Subir las pensiones un 1,6% en 2018 y 2019 supondrá un coste total de 40.000 millones

Manifestación celebrada el pasado lunes para exigir unas pensiones dignas./Efe
Manifestación celebrada el pasado lunes para exigir unas pensiones dignas. / Efe

Mantener el poder adquisitivo de los mayores exigiría 28 millones de afiliados o elevar un 35% los impuestos, advierte BBVA Research

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

El pacto al que han llegado el Gobierno y el PNV para subir las pensiones un 1,6% este año y el que viene -y satisfacer de esta forma la demanda generalizada de revalorizarlas según los precios- tendrá un coste no solo para los dos próximos años, sino que -como es un derecho que se consolida para los 9,5 millones de prestaciones- se mantendrá a lo largo de la vida de los actuales beneficiarios, hasta el punto de suponer un desembolso total para la Seguridad Social de unos 40.000 millones de euros, según los cálculos realizados por BBVA Research.

Las cuentas salen fácil. El gasto actual en pensiones se sitúa en el entorno de los 130.000 millones en 2018, por lo que si lo se aumenta un 1,6%, supone 1.600 millones más para este año, cifra estimada también por el Gobierno. Pero esta revalorización se consolida de forma permanente en el tiempo y supone, por tanto, que en 2019 habrá un gasto de 3.200 millones. Es decir, en estos dos años se habrá incrementado el desembolso hasta los 4.800 millones. Pero aunque finalmente se quede en una subida puntual, ésta se mantiene a lo largo de todo el ciclo vital de los actuales 8,5 millones de pensionistas -algo de lo que no se habla-, que se estima tengan una esperanza de media de vida de unos 12 años (los que se jubilen en la actualidad tienen una esperanza de vida media de 22 años, pero hay también muchos de ellos que ya lo exceden).

La otra medida pactada entre PP y PNV para los próximos Presupuestos es retrasar hasta 2023 la entrada en vigor del denominado 'factor de sostenibilidad', un mecanismo que vincula la prestación de los nuevos jubilados con la esperanza de vida y que supondría una merma de las nuevas pensiones en torno a medio punto anual acumulable. Es decir, que durante estos tres años de 'suspenso' se dejará de reducir las nuevas jubilaciones punto y medio (una media de 75 euros al año), algo que vendría a corregir un poco el efecto sustitución que se sitúa en el 1,6%. Teniendo en cuenta que las nuevas altas suponen unos 6.000-7.000 millones de euros, esto al cabo del tiempo se va acumulando. Es decir, la entrada en vigor del factor de sostenibilidad «supondría al cabo de cuatro años un 2% menos de gasto permanente, para siempre», recalcó el responsable de análisis macroeconómico del centro de estudios del BBVA, Rafael Doménech, durante una jornada sobre pensiones organizada por el Consejo General de Economistas.

18.000 millones extra al año

La pregunta que uno se hace es: ¿qué habría que hacer entonces? «Si queremos hacer las cosas bien y subir las pensiones con la inflación sin poner en riesgo el sistema, hay que poner recursos adicionales para sufragar el gasto», advirtió el economista, que apuntó que harían falta 18.000 millones extra cada año para sufragar esa carga de 40.000 millones y corregir el déficit.

Y es que si actualmente hay 8,5 millones de pensionistas, en 2050 habrá más de 15 millones. Para sufragar las mismas prestaciones a estos 15 millones de personas, si no se aumenta el tipo de cotización ni los impuestos, el sistema tendría que tener 28,5 millones de afiliados, lo que supondría 10 millones más que en la actualidad.

Puesto que esta cifra parece a día de hoy inalcanzable, habría dos opciones posibles para mantener el poder adquisitivo de los mayores, en ausencia de otras medidas: o bien subir el tipo de cotización, pero de forma que tendría que pasar del 28,3% actual (tipo efectivo) al 40,8% en 2060 o bien subir impuestos, de forma que habría que aumentar un 35% el IVA o el IRPF.

«Si todo el peso demográfico lo hacemos recaer sobre las cotizaciones sociales o los impuestos, corremos el riesgo de que la sociedad alcance su límite de tolerancia, como ha pasado en Portugal o Grecia, por lo que llegará el momento en que se producirá un recorte drástico», avisó Doménech, que hizo una férrea defensa de la reforma de 2013 que él mismo impulsó. «El IRP lo tiene todo (ingresos, salarios, productividad...) y te permite ajustar lo que queremos», aseguró, al tiempo que abogó además por implantar de forma gradual un sistema de cuentas nocionales en España, a semejanza de países como Reino Unido o Suecia, eso sí, siempre que se blinden las pensiones mínimas.

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