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D. VALERA
MADRID.
Viernes, 26 de enero 2018, 01:00
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Los notarios cuentan con una nueva herramienta para luchar contra la corrupción e identificar prácticas de blanqueo. Se trata de una gran base de datos en la que se identifican a 25.000 personas de responsabilidad pública (altos cargos de la administración y sus allegados) y con la que vigilan «los negocios que desarrollan todos aquellos que ejercen un cargo público». En concreto, este archivo ha sido desarrollado por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado. En concreto, el archivo identifica con nombre, apellidos y DNI a 14.641 personas con responsabilidad pública ya sea por elección (por ejemplo diputados) o por designación (vocales del Consejo General del Poder Judicial). Es decir, personalidades que ocupan altos puestos en la administración del Estado, las comunidades y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. También se incluyen directivos de sociedades estatales, autonómicas y municipales. Además, hay otras 10.544 personas con la consideración de allegados de las personas de responsabilidad pública que también son sometidos a este control. Aquí se incluye por un lado a familiares (padres, hijos, cónyuges y cuñados) siempre y cuando tengan una relación comercial con la persona pública.
Pero también los sujetos que mantengan una relación comercial con ellos. Hay identificados 8.319 personas con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública.
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