Las Provincias

La CNMV exigirá a las empresas implicadas en casos de corrupción que lo detallen en sus cuentas

Sede de la CNMV.
Sede de la CNMV. / EFE
  • El supervisor está examinando una a una las sociedades para determinar las que tienen conflictos y no informan sobre el impacto

Lleva sólo cinco meses al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero Sebastián Albella ha llegado dispuesto a impulsar la transparencia y la supervisión de las empresas cotizadas en una institución que se ha visto afectada por las denuncias en casos como la salida a Bolsa de Bankia, donde tanto su expresidente Julio Segura como el exvicepresidente Fernando Restoy han tenido que acudir a declarar como investigados (lo que antes se denominaba imputados) por orden de la Audiencia Nacional.

Albella exigirá a las empresas cotizadas implicadas en algún proceso de corrupción o de malas prácticas que pueda tener algún impacto en sus cuentas que incorporen esta información inmediatamente si no aparece ya en su informe de auditoría o memoria anual.

El momento no puede ser más oportuno, con las investigaciones judiciales en marcha en la operación 'Lezo', el caso del 3% en Cataluña, el caso Gürtel, la operación Púnica... y en todos ellos con empresas implicadas. Así, en el 'caso Palau' dos directivos de Ferrovial están acusados de tráfico de influencias y de financiar ilícitamente a CDC. El expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, declaró al tribunal que «Ferrovial pagaba comisiones a cambio de obra pública». La empresa lo niega. En la operación 'Lezo', ha sido detenido Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno de su presidente, Juan Miguel Villar Mir, que también podría estar siendo investigado.

En realidad, las sociedades están obligadas a informar y explicar los hechos y operaciones significativos que hayan tenido lugar en el periodo y de su incidencia en las cuentas de la compañía, como establece la Ley del Mercado de Valores. Sin embargo, la definición es bastante elástica y no todas las empresas informan de sus conflictos. Algunas esperan hasta ser condenadas antes de incluirlo en el informe anual, otras lo hacen de manera un tanto velada, incluyendo el impacto bajo un título genérico de «provisiones derivadas de litigios judiciales». En conclusión, la CNMV entiende que no se está cumpliendo la norma de forma transparente y exhaustiva.

Por eso, va a revisar las cuentas de 2016 y a las sociedades de las que conozca que están implicadas en algún proceso judicial que pueda acabar en sanción u otro desenlace que afecte a sus cuentas, incluso vía provisiones, les enviará una carta reclamando que informen sobre el asunto y sus efectos financieros. Las circunstancias pueden ser variadas, por ejemplo que se haya pedido la apertura de jucio, o esté imputado o simplemente se arriesgue a sanciones económicas. En todos los casos donde pudieran darse efectos económicos, las empresas están obligadas a provisionar esos fondos, como por ejemplo ha ocurrido con las preferentes o las cláusulas suelo en la banca.

Actualización inmediata

La exigencia de la CNMV es que, una vez recibida la carta del regulador, añadan inmediatamente la información en sus cuentas de 2016. La revisión está comenzado ahora, ya que las empresas tienen un plazo de cuatro meses desde que finaliza el ejercicio para presentar el informe anual y el informe de auditoría; plazo que concluye el 30 de abril para los ejercicios que coinciden con el año natural -que es lo habitual en la mayoría de las sociedades-.

Esta exigencia a las empresas de comunicar de forma detallada sus litigios por corrupción o malas prácticas con sus consecuencias económicas ya se lleva a cabo en otros países, como Estados Unidos o Reino Unido-que han sido pioneros-, Alemania u Holanda. El objetivo es que los inversores sepan que existe la posibilidad de un impacto en los estados contables y la causa de los mismos.

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate