El líder mundial en alquiler vacacional lleva a juicio a la Generalitat por sancionar a webs

Un grupo de turistas, con sus maletas, en el centro de Valencia. / manuel molines
Un grupo de turistas, con sus maletas, en el centro de Valencia. / manuel molines

HomeAway pide «no demonizar» un sector que crea mil millones y dice que «controlar alojamientos» es cosa de la administración

INÉS HERRERO VALENCIA.

HomeAway, líder mundial en alquiler vacacional, llevará a juicio a la Generalitat el próximo 14 de noviembre por la sanción de 30.000 euros que le impuso la Agència Valenciana de Turisme por no exigir y reflejar el número de registro que acredita que todas las viviendas que se anuncian en sus páginas web están inscritas como turísticas.

«Nuestra labor, como plataforma global que está presente en más de 190 países, no puede ser verificar y controlar la oferta alojativa que tenemos, la obligación de verificar y controlar es de la administración», sentenció ayer en rueda de prensa el director de Comunicación de la firma, Joseba Cortázar, que incidió en las «diferentes interpretaciones» de la ley que realizan ambas partes.

La clave del contencioso contra la Generalitat es el «grado de responsabilidad» de estas páginas web sobre los alojamientos que ofertan.

Cabe recordar que Turisme abrió expediente en 2016 a siete plataformas de alquiler de apartamentos en internet e impulso a HomeAway, Airbnb y Rentalia la sanción máxima, entonces de 30.000 euros, que la nueva ley eleva a 600.000 euros.

En julio, la Generalitat informó de la regularización voluntaria de Booking, Muchosol, Only-apartments y Fotoalquiler y señaló que, con las webs que no lo hicieron así, llevaría el expediente sancionador «hasta las últimas consecuencias».

Desde HomeAway realizaron una «campaña de información y sensibilización» entre sus usuarios y habilitaron un campo específico para mostrar el número de registro como vivienda turística. A su juicio, «la verificación previa» de la oferta compete a la administración, y con ese argumento fueron a los tribunales.

Retirar contenido específico

Cortázar mantiene que, de acuerdo con la normativa europea y su trasposición a la española, plataformas como HomeAway tienen la «obligación de retirar un contenido específico» cuando la administración les comunica que está vulnerando la regulación, pero «no de mirar todos y cada uno de ellos, asegurarse de si es legal o no y hablar con cada uno de ellos» porque «exigiría dedicación exclusiva y no es sostenible».

La empresa realizó un llamamiento a «no demonizar las viviendas de uso turístico» y reivindicó el impacto económico que generan en los comercios y negocios de hostelería de su entorno, que cifra en más de 2.600 millones de euros en la Comunitat en los dos últimos años.

Así lo recoge su barómetro de alquiler vacacional elaborado entre viajeros españoles, que dibuja un perfil de usuario con más peso de las familias (61%) que en los hoteles, seguido de parejas (23%) y grupos de amigos (14%), que realiza viajes más largos y gasta más durante su estancia, de 523 euros frente a 310.

Un 99% de los usuarios encuestados por la Universidad de Salamanca asegura no haber tenido «ningún tipo de conflicto» con los vecinos, por lo que desde la firma reivindican que «el modelo alojativo, per se, no es un generador de problemas».

Preguntado por las quejas vecinales contra pisos turísticos registradas en Valencia, Cortázar se desmarcó de los «problemas concretos» detectados en distintas ciudades de España y sostuvo que «la problemática no es generalizable» y que, en todo caso, compete al Ayuntamiento analizar si existe saturación y, en su caso, «establecer cuotas» para cada tipo de alojamiento y esforzarse en que «la oferta sea sostenible».

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