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Á. M.
VALENCIA.
Miércoles, 18 de octubre 2017, 00:44
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El juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón obliga al banco de Sabadell y a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a plegarse a las condiciones pactadas por los principales acreedores del grupo empresarial Obinesa tras la compra por parte de la sociedad de inversión Atitlan, de Aritza Romero y Roberto Centeno, yerno del presidente de Mercadona, Juan Roig.
La entidad no respaldó el acuerdo de adquisición sobre un 55% de la sociedad de la que penden constructoras como Becsa y Durantia (antigua matriz del grupo como Lubasa), Cerámica Saloni, Lubasa Aparcamientos y la principal red de concesionarios de automoción en Castellón, entre otras actividades empresariales.
Y es que la medida llevaba añadida una quita de más de 360 millones de euros en la que sí estaban de acuerdo el resto de acreedores bancarios: BBVA, Santander, Abanca Corporación Bancaria, Santander Consumer, Banco Popular, Bankinter, Bankia, Cajamar Caja Rural, Caixabank, Unicaja Banco y Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria.
El Sabadell no podrá impugnar esta decisión, lo mismo que el resto de acreedores «disidentes», en términos mercantiles, como son la Sareb, Novo Banco y Ksz Actuaciones Temporales. En el caso de la entidad históricamente catalana, la cantidad no es muy abultada, según destacan fuentes oficiales, y servía para la financiación de circulante.
En todo caso, los nuevos propietarios ya actúan con pleno control de la situación, lo que ha incluido el nombramiento del nuevo presidente del grupo, en la persona de Gabriel Batalla.
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