José María Toro: «Los impagos a residencias ahora son por una mala gestión y no por falta de dinero»

José María Toro, presidente de Aerte. / irene marsilla
José María Toro, presidente de Aerte. / irene marsilla

El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias de la Comunitat (Aerte) afirma que la Comunitat pierde inversiones para instalar nuevos centros por falta de seguridad jurídica

ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA.

El sector de residencias y centros para personas mayores denuncia los impagos que sufren las empresas por parte de la Generalitat y lo achacan a «una mala gestión» de la Conselleria de Igualdad, según afirma el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), José María Toro. Además, urge al Consell a cambiar el sistema de conciertos para poder dotar a la región de mayor seguridad jurídica y, de ese modo, atraer la construcción de nuevos centros ante el desafío de atender a un número cada vez mayor de dependientes. «Para 2025 necesitaremos 50 residencias nuevas en la Comunitat. Y en los últimos diez años, solo se ha abierto un centro», alerta el empresario.

-¿En qué situación está el sector de atención de personas mayores?

-Para el futuro modelo económico de la Comunitat es fundamental contar con la atención a la dependencia. Se debe, además, considerar como un sector empresarial que no sólo genera bienestar a los usuarios, sino que también emplea a cualificados que actualmente se están yendo al extrajero, como enfermeros. A esto se suma un fuerte componente social de género, ya que emplea a un 80% de mujeres. Después, se trata de una actividad con una mano de obra muy intensa, ya que la ratio está en dos usuarios por cada trabajador. Otro aspecto fundamental es que es un sector al que no le afecta la globalización ni el riesgo tecnológico.

-Hay quejas de los sindicatos por falta personal, ¿cuál es la ratio establecida de trabajadores en relación a los usuarios?

-La media a nivel estatal establece una ratio de un empleado por cada dos usuarios. Esto varía según el servicio. Los sindicatos plantean una mejora de las ratios, nosotros creemos que lo que convendría sería flexibilizarlos. Es decir, en función de las personas que hay en tu centro y de su perfil, poder centrar al personal en unas funciones u otras según las necesidades que haya. Eso es complejo, pero también hay que asumir que si suben las ratios, también habría que subir los costes.

-¿Por qué en la Comunitat el 51% son cuidadores no profesionales frente al 33% de la media estatal?

-Esto se debe a la apuesta de la Administración por este tipo de cuidadores, algo que se ha agravado con el nuevo decreto de la conselleria. Ahora estamos rozando el 80% anual en los últimos años. Creíamos que la Ley de la Dependencia haría que el Estado se encargara más del cuidado de esas personas y que no dejaría caer el peso en los familiares. Sin embargo, seguimos manteniendo el mismo sistema que antes y no generamos empleo. Actualmente, de todos los 24.000 cuidadores no profesionales en la Comunitat, sólo 850 están dados de alta en la Seguridad Social.

-¿Qué proponen desde Aerte?

-Proponemos que, si no se puede acoger en un centro, que vaya un profesional a domicilio. Cualquier solución debe pasar por que la persona sea atendida en condiciones, que esté regulado y que las condiciones del trabajador se respeten.

Las claves

Empleo
«De los 24.000 cuidadores no profesionales que hay en la Comunitat, solo 850 están dados de alta»
Previsiones
«Para 2025 necesitaremos 50 centros nuevos. Y en los últimos diez años sólo se ha abierto uno»
Una ley continuista
«Seguimos manteniendo el mismo sistema que antes y no generamos empleo»
Comparación
Castilla y León crea 50 puestos por cada millón de inversión, mientras que en la Comunitat se crean 22

-¿Qué autonomías son un ejemplo en atención a mayores?

-En Castilla y León hay un 22% de cuidadores no profesionales y hay otro dato: genera 50 empleos por cada millón de euros dedicados a la dependencia mientras que nosotros generamos 22. Esto se debe a la apuesta por los no profesionales.

-¿A qué cree que responde esta apuesta por los no profesionales?

-Es una cuestión económica, pero también ideológica. La Administración piensa que lo mejor es que las personas sean atendidas por familiares.

-¿Qué previsiones manejan?

-Para 2025 necesitaremos 50 residencias nuevas en la Comunitat, lo que suponen 5.000 plazas. Y en los últimos diez años, solo se ha abierto un centro. Con ese ritmo, tardaríamos 500 años en dar respuesta. Desde que una entidad se plantea abrir una residencia hasta que abre la puerta pueden pasar cinco años.

-Por tanto, ¿cuál es su principal reivindicación a la Administración?

-Lo que debería hacer es generar un marco normativo de seguridad jurídica que propiciara la inversión. Pero los inversores no vienen aquí por la proliferación de no profesionales y por el concierto social, que excluye a las mercantiles en favor de las entidades sin ánimo de lucro. La Administración argumenta que hay otros conciertos para el resto de entidades, pero creemos que lo ideal sería un concierto social más inclusivo y amplio, independientemente de su forma jurídica.

-¿A qué obedece el retraso en la concesión de plazas?

-Hay un problema de gestión muy importante en la conselleria, hay algunos concursos cuyo sobre se abrió hace siete meses y que todavía no se han adjudicado. Los retrasos en los pagos también se producen por una cuestión de gestión, no por falta de dinero. Es más, la conselleria ha aumentado su presupuesto un 20% pese al contexto de infrafinanciación. Si no se paga a las empresas que prestan sus servicios es porque no se están contabilizando bien las facturas o porque los contratos no están resueltos. No obstante, las familias sí cobran rápido.

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