El intrusismo crece en el sector del metal y acapara ya el 40% del negocio de instalación

Vicente Lafuente, en la rueda de prensa de ayer junto a los representantes de talleres, empresas eléctricas e instaladores.
Vicente Lafuente, en la rueda de prensa de ayer junto a los representantes de talleres, empresas eléctricas e instaladores. / irene marsilla

Los empresarios exigen al Consell que actúe y cree un sistema para denunciar y enviar inspectores a la competencia desleal

INÉS HERRERO VALENCIA.

«El instrusismo está saliendo caro porque pasa factura a las empresas y está empezando a causar daños irreparables e, incluso, a costar vidas». Así de tajante se mostró ayer el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, en la presentación del frente común para exigir a la administración que actúe contra un fenómeno que acapara ya el 40% de la facturación de la instalación y mantenimiento de servicios del metal y afecta a más de dos mil empresas.

Sólo en las empresas eléctricas, el daño supera los cien millones de euros anuales y los riesgos son alarmantes, ya que el 10,79% de los incidentes en las viviendas están relacionados con estas instalaciones.

Lafuente detalló los riesgos en materia de seguridad asociados a un fenómeno que inicialmente se achacaba a la «economía de supervivencia» que imperó durante los años de crisis pero que, con la recuperación, se mantiene o incluso aumenta.

400 euros y tres chapuzas

Entre los motivos, cita la proliferación de parados que agotaron la prestación y «se dan cuenta de que con los 400 euros que reciben y tres chapuzas al mes, obtienen lo mismo».

Su exigencia de responsabilidades va desde quien incumple la normativa al moverse dentro de la economía sumergida al que recurre a esos servicios por ahorrarse un poco de dinero, aunque acabe saliéndole más caro si hay problemas. Y recae, sobre todo, en la administración, a la que piden que frene el intrusismo y cree «un sistema para pedir facturas en la mayoría de los sitios».

Detrás de esa reivindicación, que evaluarán al cabo de un año, se sitúan los representantes de las empresas eléctricas (Aselec), instaladores de fontanería (Aseif), sistemas de protección contra incendios (Acvirme), ascensores (Ascencoval), equipos climatización y frío (Aviclima) y talleres de reparación de vehículos (Fevauto), junto a Femeval.

Para todos ellos, es momento ya de que la Generalitat asuma su responsabilidad de hacer cumplir la normativa, sin esperar a que sucedan desgracias como el último gran incendio de Londres, vinculado con una instalación eléctrica.

Así, le urgieron a controlar estos servicios y si no cuenta con medios necesarios, recurra a la colaboración público-privada, para inspeccionar estas actividades, garantizar la seguridad y atajar su falta de efectividad ante negocios irregulares, con tasas o incentivos fiscales para promover la presentación de facturas.

Los empresarios del metal también exigen mayor concienciación social y un sistema, como el existente en Madrid, para que puedan denunciar de forma anónima a las empresas que actúan dentro de la economía sumergida, con obligación de enviar a los servicios de inspección, que ahora sólo actúan sobre quienes cumplen la normativa.

Talleres ilegales

En muchos casos, aseguran, es sólo cuestion de voluntad y citan el ejemplo de los talleres. Dos de cada diez son ilegales y aunque se descubren, «sólo se les pone una sanción administrativa y no se cierran», fraude que se atajaría si la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) exige la factura en caso de reparaciones graves, que impiden pasarla a la primera.

Desde Femeval cargaron asimismo contra los «piratas» que se dedican al mantenimiento de aparatos contra incendios e, incluso, contra la competencia desleal de grandes superficies que venden aparatos de aire acondicionado , calentadores o calderas a personas «sin habilitación técnica para instalarlas, incluso con campañas de instálatelo tú mismo». «Es como vender a un coche a una persona sin carné», sentencian, y recuerdan que los riesgos van del asma hasta la intoxicación por inhalación de CO2 o las explosiones.

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