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La ley de la Huerta se puede cambiar

La ley de la Huerta se puede cambiar

Los representantes del tripartito no convencen de la bondad de su plan a los agricultores, que les recriminan las imposiciones y la falta de presupuesto Briet (PSPV-PSOE) y Montiel (Podemos) admiten, ante la presión huertana en contra, que la norma «no es inamovible»

V. LLADRÓ

VALENCIA.

Lunes, 14 de mayo 2018, 01:05

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Antonio Montiel y Rafael Briet, diputados de Podemos y del PSPV-PSOE, respectivamente, en Les Corts Valencianes, han admitido la posibilidad de que la Ley de la Huerta pueda llegar a cambiarse, incluso antes de empezar a aplicarla con rigor, para acomodar sus artículos más conflictivos o contestados a las demandas que vienen manifestando reiteradamente los agricultores afectados.

Montiel y Briet manifestaron tal posibilidad en el transcurso de una reunión informativa sobre dicha norma de protección en Foios, donde, como viene siendo habitual en este tipo de sesiones, los agricultores criticaron diversos aspectos de la ley, especialmente en lo que se refiere a imponer limitaciones en la gestión de los cultivos y los campos y a la falta de dinero para incentivar que se sigan cultivando parcelas no rentables y compensar a los propietarios.

Ambos declararon que la normativa «no es inamovible», si bien a continuación, tras darse cuenta del alcance que podrían tener sus palabras, trataron de matizarlas sobre la marcha. Montiel dijo entonces que quizá tales cambios podrían darse «dentro de cuatro años».

Junto a Montiel y Briet también participó en la reunión de Foios Graciela Ferrer, diputada de Compromís en Les Corts. Los tres trazaron visiones idílicas de la huerta valenciana, insistieron repetidamente en los valores culturales y paisajísticos que se quieren preservar y trataron de convencer a los agricultores presentes sobre la bondan de tal proyecto y la conveniencia de que lo asuman como algo propio que redundará en beneficios colectivos y, por supuesto, de los propios dueños o cultivadores de los campos.

Sin embargo, los agricultores que acudieron a la convocatoria no se mostraron favorables por tal labor y criticaron abiertamente lo que se proyecta hacer con sus campos. En particular dejaron claro que no aceptan que se pretenda disponer de un inmenso jardín a coste cero para el resto de la sociedad. Esta es una constante que se repite en todas las sesiones informativas sobre la Ley de la Huerta y que es tema de conversación (e indiganación) coitidiana en los pueblos de la huerta, puesto que, ante la falta de presupuesto para dotar compensaciones adecuadas, los propietarios de los campos comienzan a preguntarse si se enfrentan a una gran estratagema para obligarles a seguir con cultivos cada vez más problemáticos y con mayores pérdidas, a cambio de nada.

En el caso de Foios se manifestaron especialmente críticos seis o siete agricultores que reiteraron los problemas de falta de rentabilidad por los altos costes y los precios a la baja de las cosechas, a veces incluso sin precios; la inviabilidad de muchos cultivos que ya es imposible llevar adelante en la huerta, la ausencia de ayudas de todo tipo, la falta de relevo generacional, porque es lógico que los jóvenes huyan de algo que no da dinero, sino pérdidas, el minifundismo que todavía complica más las cosas, los robos de cosechas, etc.

Rosario, hija de un agricultor local, incidió en particular sobre uno de los puntos que más preocupan a los titulares de parcelas de huerta, como es la posibilidad, prevista en la ley, de llegarse a expropiar el uso de campos que permanezcan sin cultivar. Dijo al respecto que mientras ella viviera «nadie ajeno pondrá el pie en la tierra que tanto trabajo y esfuerzo le ha costado a mi padre». Argumentó que si la tierra queda inculta es porque no resulta rentable, por lo que no se entiende qué intención hay detrás de expropiar su uso para cederla a terceros, cuando el problema que no se remedia es el de la falta de precios y de rentabilidad de las producciones. Añadió, en respuesta a las palabras de los ponentes sobre el objetivo de «devolver la dignidad al agricultor», que «el agricultor tiene su dignidad, mi padre no ha perdido su dignidad, lo que no es digno es el precio que le pagan por lo que hace, y ahí sí que deben intervenir los poderes políticos, pero de momento no hay dinero presupuestado para aplicar esta ley».

Montiel apuntó sobre este aspecto que «ahora tenemos una gran oportunidad de conseguir ayudas especiales de la Unión Europea a través de la nueva negociación de la PAC». Este planteamiento se viene repitiendo en cada reunión sobre la Ley de la Huerta, el esperanzado recurso a las ayudas que llegarían de Europa. Sin embargo, los verdaderamente especializados en materias de la UE y la PAC advierten que tal pretensión resulta falaz o, como mínimo, remotísima, puesto que la PAC va a sufrir importantes recortes presupuestarios, mayores aún en las partidas destinadas al desarrollo rural, que es donde cabría en todo caso lo del lejano apoyo europeo a una huerta protegida; encima, los cultivos hortícolas no han tenido nunca ayudas de Bruselas. Entonces, ¿de dónde sale esa idea de que llegará del norte dinero para suplir el que no pone la Generalitat?

José Francisco Sales, de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), recordó que antes de que acabe el año debe estar listo el Plan de Agrario que ha de concretar la aplicación de la ley, lo que tiene que traducirse mediante la disponibilidad de «un presupuesto suficiente para materializar lo que se pretende». Cuantificó tal presupuesto «entre 37 y 50 millones de euros anuales» para que la huerta siga cultivada y verde.

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