Borrar
Urgente Seis personas mueren al ser arrolladas por un camión en un control de tráfico en Sevilla
Pasajeros esperan para embarcar en el aeropuerto de Manises. JUAN J. MONZO
El Gobierno frena la huelga en Manises y El Altet al aceptar negociar con los sindicatos

El Gobierno frena la huelga en Manises y El Altet al aceptar negociar con los sindicatos

El Consejo de Ministros aprueba la creación de una mesa para pactar las condiciones del sector de la seguridad privada en general

ELÍSABETH RODRÍGUEZ

VALENCIA.

Jueves, 17 de agosto 2017, 00:34

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La previsión de huelga por parte del personal de seguridad en los aeropuertos de Manises y El Altet queda, por lo pronto, en punto muerto. El sindicato UGT decidió ayer «abrir un paréntesis» en las movilizaciones y paros anunciados el pasado martes en las instalaciones valencianas después de que el Consejo de Ministros aceptara crear una mesa de negociación para abordar las condiciones del sector de la seguridad privada en España.

«Vamos a abrir un paréntesis en Alicante y Valencia, paralizamos las movilizaciones y vamos a dar un voto de confianza a ese diálogo», explica el responsable estatal de Seguridad Privada de UGT, Diego Giraldez, quien advierte que la huelga se activará en caso de que el debate con el Gobierno y patronales no fructifique. «Si vemos que lo que ha hecho el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, es un brindis al sol, entonces abriremos el paréntesis y sacaremos el conflicto a la calle», afirmó a LAS PROVINCIAS.

La reclamación principal del sindicato dirigido por Josep Maria Álvarez es que el Ejecutivo modifique el sistema de contratación de estos servicios para acabar con las «rebajas temerarias en los concursos», según denunció ayer la organización en un comunicado. «El sindicato considera esencial la introducción de cláusulas de contenido social en los contratos que realizan las administraciones públicas, evitando que el precio siga siendo el único valor a tener en cuenta en la adjudicación de contratos públicos, y que está en la raíz de la precarización de las condiciones de trabajo y la explotación laboral», explican.

Desde la reforma laboral de 2012, las compañías pueden rebajar las condiciones salariales y los derechos fijados en los convenios sectoriales en sus convenios de empresa. Así, los sindicatos denuncian que, si bien el convenio colectivo estatal fija en materia salarial una retribución mínima de 900 euros, determinadas empresas pequeñas y medianas rebajan esta cifra hasta los 500 euros. Asimismo, Giraldez cuenta que el debate sobre la contratación pública y sobre las condiciones del sector de la seguridad privada en general «tendrá efectos en la negociación colectiva que está actualmente abierta».

Sin embargo, tanto UGT como el resto de sindicatos no recibieron del mismo modo la decisión del Consejo de Ministros de iniciar un arbitraje obligatorio para solucionar el conflicto en El Prat. El ministro de Fomento comunicó ayer que dará un «plazo máximo de 24 horas» a Eulen y sus trabajadores para consensuar un árbitro que dicte un laudo de obligado cumplimiento para las partes ante una huelga de 24 horas indefinida y tras haber fracaso el proceso de mediación, tal y como recoge el art. 10 del Real Decreto 17/977 del 4 de marzo sobre relaciones de trabajo.

El titular de Fomento recalcó que el Gobierno trata de poner fin a un conflicto laboral entre Eulen, contratista de AENA, y sus empleados en la instalación barcelonesa, después de que la mediación de la Generalitat de Cataluña como autoridad laboral fracasara y tras el rechazo de la plantilla en sendas asambleas. «No hay otra vía legal que no sea el arbitraje» para poner solución a los paros, según declaró De la Serna.

El arbitraje, de carácter excepcional y con unas características muy concretas, deberá ser resuelto en el plazo de 10 días desde la designación del laudo, periodo que empezará a contar al día siguiente. Si no hay consenso entre las partes sobre qué persona elegir, será el Ministerio de Fomento el encargado de proponerlo.

Según explicó el titular de Fomento, esta decisión se ha tomado tras valorar las consecuencias jurídicas de iniciar un arbitraje de obligado cumplimiento, entre ellas la duración de la huelga y la prolongación del conflicto, las posturas «irreconciliables de las partes» tras el rechazo a una propuesta de 200 euros mensuales en 12 pagas -ante una diferencia de más del 50% en la propuesta salarial del mediador- y desde el «más escrupuloso respeto al derecho de huelga».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios