Montoro ve en el Cupo un reconocimiento de las singularidades y no un privilegio

Montoro interviene en el Senado. /Kiko Huesca (Efe)
Montoro interviene en el Senado. / Kiko Huesca (Efe)

«No existe la solidaridad entre territorios, sino entre personas», asegura el ministro de Hacienda

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha subrayado que el concierto y el Cupo vasco son "el reconocimiento de las singularidades de España" y no un motivo de agravio ni de privilegio. En su intervención ante el pleno del Senado, Montoro ha explicado que tanto la reforma de la ley del concierto económico como la del señalamiento del cupo son fruto de un acuerdo "paccionado" (pactado) entre el Gobierno central y el vasco, motivo por el cual su tramitación parlamentaria -como ya ocurrió en el Congreso- se hace por lectura única, sin posibilidad de introducir enmiendas parciales.

Ciudadanos y Compromís han presentado vetos tanto al concierto como a la nueva metodología de señalamiento del cupo para el quinquenio 2017-2021, que fija un cupo base de 1.300 millones de euros.

Una cantidad que "está en sintonía" con el cupo base de anteriores quinquenios, ha asegurado el ministro, en cuya opinión cuando se habla del cupo se está hablando "del reconocimiento de las singularidades de España" y no de agravios que quieren introducir algunos partidos. "E incluso expertos", ha lamentado Montoro en alusión a las críticas de algunos de los miembros del "comité de sabios" que durante meses analizó la reforma del sistema de financiación autonómica, que no ven claras las cifras para calcular el cupo y que se quejan de que su revisión no se haya hecho en paralelo a la del sistema de las comunidades de régimen común.

A su juicio, "hay que hacer una defensa desde la singularidad de la presencia de unas haciendas forales que no se pueden comparar con el resto de las haciendas públicas", que no son un privilegio, sino "un hecho distinto, singular" del Estado de las Autonomías, recogido en la Constitución.

Ha incidido además en que "no existe la solidaridad entre territorios", sino entre personas, que son las que pagan impuestos y las que utilizan los servicios públicos, y ha dejado claro que el Estado de las Autonomías no es un Estado federal.

Montoro ha asegurado que a él también le hubiera gustado que se aprobara ya la financiación autonómica, lo que no ha sido posible, entre otras cuestiones, por la crisis catalana.

Ahora bien, ha pedido que estas negociaciones se hagan "sin provocar enfrentamiento entre españoles y entre territorios ni más agravios comparativos", porque de lo que se trata es de repartir los efectos de la recuperación económica y que llegue a todos en términos de igualdad de oportunidades. Y ha sugerido asimismo que, cuando acaben los trabajos de la comisión creada en el Congreso para estudiar el modelo autonómico, se podría constituir un órgano similar en el Senado para seguir profundizando en esas reformas.

Después de insistir en que el cupo es "la más completa de las normalidades" y en que no da lugar a privilegios, ha negado que el Gobierno de Mariano Rajoy haya negociado condicionado por estar en minoría y ha recordado que en 2002 también pactaron su revisión, cuando el PP tenía mayoría absoluta.

Según el ministro, después de muchos años de retraso -tenía que haberse revisado en 2011-, ahora ha sido posible reformar el concierto y el cupo gracias al crecimiento económico, la creación de empleo y a la reducción del déficit público.

Ha aprovechado su extensa intervención para adelantar algunas cifras económicas y señalar que España cerrará el ejercicio con un crecimiento superior al 3,1 %, compatible con un superávit por cuenta corriente cercano al 2 %, con unos 600.000 empleos nuevos en términos de afiliación a la Seguridad Social y con el déficit en el 3,1 %. Una combinación de factores positivos que ha llevado al ministro a constatar que España tiene por delante "el mejor horizonte económico" de su historia.

El cupo es la aportación que hace Euskadi cada año a las arcas comunes del Estado por las competencias no transferidas al Gobierno autonómico, como infraestructuras (aeropuertos, puertos, ferrocarriles), defensa y representación exterior, cuya cuantía se determina en leyes quinquenales pactadas por los dos gobiernos. Su última revisión fue aprobada en 2007 y debía haberse renovado en 2011, pero no había sido posible hasta ahora por las discrepancias en la metodología para calcularlo.

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