El Constitucional declara «nula» la amnistía fiscal de 2012

La medida no tiene efectos retroactivos y no afectará a los 30.000 contribuyentes que regularizaron su patrimonio

David Valera
DAVID VALERAMadrid

El Tribunal Constitucional ha declarado de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012. La decisión no tiene carácter retroactivo para garantizar "la seguridad jurídica", de manera que no afectará a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la medida y regularizaron su patrimonio. Sin embargo supone un varapalo tremendo para el Gobierno y en especial para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. De hecho, el PSOE, que fue quien presentó el recurso ante el tribunal, ya ha reclamado la dimisión del ministro.

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En concreto, el fallo considera que la normativa "vulnera" el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”. Es decir, el Gobierno utilizó una herramienta jurídica insuficiente.

La amnistía fiscal generó unos ingresos para las arcas públicas de 1.200 millones de euros, menos de la mitad de lo previsto. Ahora el Constitucional asegura que la amnistía “ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” que enuncia el art. 31.1 de la Carta Magna al haber “alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes”. Y lo ha hecho en unos términos “prohibidos” por el artículo 86.1 de la Constitución.

El fallo del Constitucional responde a un recurso presentado por 50 diputados del PSOE contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducían diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público.

En su recurso entendía que esta normativa favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10 por ciento del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43 por ciento.

A la regularización fiscal se han acogido personalidades públicas investigadas en los tribunales como varios miembros la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza -ambos imputados en el caso "Púnica"-, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En su día Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país.

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