España quiere ingresar ya este año 600 millones de la 'tasa Google'

España quiere ingresar ya este año 600 millones de la 'tasa Google'

Hacienda amplía esta cantidad a 1.500 millones en 2019 para sufragar la subida de las pensiones pactada con el PNV

ADOLFO LORENTEBruselas

Ya hay cifra: 600 millones. El Gobierno español ya ha cuantificado el dinero que pretenden ingresar este año por la llamada 'tasa Google', el nuevo impuesto digital que quiere aprobar «cuanto antes» para financiar parte de la subida de pensiones pactada con el PNV y que ha provocado cierta inquietud en Bruselas por su impacto en las cuentas (3.300 millones en dos años) y por el mensaje político que lanzan. Ahora, toca buscar dinero debajo de las piedras y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sabe dónde hacerlo.

Así consta en el Plan de Estabilidad aprobado el viernes por el consejo de ministros y enviado ayer a la Comisión, donde se habla de ese impacto de 600 millones para 2018 y estima en 1.500 millones el dinero que se va a recaudar en 2019. No cubre todo la factura presentada por el PNV, pero sí es cierto que ayudará a sufragarla en parte. Esto, claro, si se cumple la previsión de ingresos sobre una figura aún muy embrionaria y sobre la que existe una fuerte división dentro de la UE.

El 21 de marzo, Bruselas pidió establecer una tasa temporal del 3% sobre los ingresos de las grandes tecnológicas (Google, Facebook, Twitter, Airbnb, Uber...) para que los Estados miembros, ahora indefensos ante la economía digital, puedan ingresar unos 5.000 millones al año En torno a un 10% correspondería a España, de ahí los 500 millones sugeridos como recaudación desde un principio. Sin embargo, en Madrid parecen tener otros cálculos.

Este tipo de compañías paga un Impuesto de Sociedades del 9,5% frente al 23% de las firmas tradicionales, y sus ventas crecen a un ritmo anual del 15% frente al 0,2% de otras multinacionales. «Es un agujero negro en expansión», advierte el comisario de Economía, Pierre Moscovici. La idea es que sólo se aplicaría a las compañías con una facturación mundial de 750 millones al año, y 50 millones dentro de la UE.

El problema, como casi siempre, es que la UE está dividida. Las grandes potencias, como Alemania, Francia, Italia o España llevan tiempo empujando fuerte por la aprobación del tributo. Por contra, los sospechosos habituales (Holanda, Luxemburgo o Irlanda) no quieren tomar medidas de forma unilateral y prefieren que se tomen en el marco de la OCDE para que la UE no pierda competitividad. El problema es que en materia fiscal, hace falta la unanimidad de los 28. La otra fórmula es apostar por la cooperación reforzada para que un impuestos sólo afecte a los países que lo aprueben. No suele ser buena consejera ya que fue la vía empleada para lanzar la 'tasa Tobin' a la banca y todavía sigue durmiendo el sueño de los justos.

Pese a todo, el ministro de Economía, Román Escolano, aseguró el sábado desde Sofia que el Gobierno no tiene la intención de esperar el debate europeo y está «dispuesto a avanzar a escala nacional». «España se suma al grupo de principales países que ya tiene estas figuras, como Reino Unido, Italia, Francia o Alemania», dijo.

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