Los paraísos fiscales se llenan de dinero español

Ya no es necesario esconder los billetes en las zapatillas deportivas, como la madrileña de 65 años que acaba de ser detenida con 37.000 euros en los pies cuando volvía de Andorra. Por sólo 200 euros y un clic se puede abrir una empresa pantalla en el paraíso fiscal de moda, Delaware. En la web oficial del segundo estado más pequeño de EE UU y en las agencias que se ofertan en la red lo explican bien. En un sencillo castellano. Sin impuestos de ningún tipo, con la salvedad de una cuota anual de 88 euros, cualquier persona puede constituir una compañía y abrir una cuenta bancaria opaca: nadie le preguntará nada, ni siquiera por su pasaporte. A través de ella tiene la posibilidad de crear un segundo depósito en alguno de los cerca de 80 paraísos fiscales repartidos por el mundo y ocultar mejor parte de su patrimonio sin el apuro de que la Guardia Civil le revise los calcetines. El secreto bancario está garantizado y puede gastar el dinero mediante tarjetas de crédito.

Tener los billetes fuera del país no es delito, siempre que lo sepa la Hacienda española y su origen no sea ilícito. Pero los declaran muy pocos. Esta semana ha vuelto el clan Pujol a los titulares por sus millones escondidos en Andorra, mientras el juez Ruz sigue peleando con Suiza para que le facilite información del escurridizo Luis Bárcenas. En unos meses Iñaki Urdangarin volverá a explicar en el banquillo por qué operó con nada menos que 500 sociedades tapadera en Delaware, Panamá, Belice o Luxemburgo. Le acompañará la Infanta Cristina, que será juzgada por defraudar presuntamente al fisco y lavar el dinero oscuro de su marido.

Messi también está a un paso de los tribunales. Ahora le han pillado por unos partidos «benéficos y altruistas» celebrados en cuatro países americanos en los veranos de 2012 y 2013. Los encuentros no fueron ni lo uno ni lo otro y esconden una maraña de sociedades y trasvases de dinero a Curaçao (sudeste del Caribe) y Hong Kong. Por no hablar de los cerca de 700 contribuyentes españoles con cuentas en Suiza, identificados por el delator Hervé Falciani: muchos famosos, algunos millonarios. Sus maniobras fiscales, legales o no, escuecen como nunca en la herida sociedad española. Pero son sólo la guinda.

Durante los últimos años hemos firmado convenios de intercambio de información con 15 de las 48 islas del tesoro del listado español -cada país tiene el suyo-, pero «es innegable que cada vez ocultamos y blanqueamos más dinero», coincide la decena de inspectores de Hacienda, fiscales, juristas y economistas consultados para desbrozar estos paraísos en los que podrían haberse colado 144.000 millones de euros procedentes de España, se atreve a precisar Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza. «La cifra será ahora mayor, porque el dato es de 2013 y la evasión no deja de crecer».

Laborda ha calculado la cifra que oculta el maletín de los defraudadores españoles en base a la reconocida investigación del francés Gabriel Zucman, que concreta en 5,8 billones de euros el montante global. Es complicado obtener cifras fiables. Uno de los informes más citados fue elaborado en el año 2010 por la organización Tax Justice Network y eleva hasta los 24 billones de euros los flujos de dinero en estos edenes, una cuarta parte de la riqueza mundial.

El problema no es nuevo, aunque cada vez es mayor y resulta más complejo y difícil de justificar por los gobiernos de países desarrollados. Para Juan Hernández Vigueras, exdirector de varias empresas y autor de numerosos libros, «en España hemos ido para atrás. El problema no es ético ni moral, sino de los mecanismos de control. La filosofía es no controlar a los mercados financieros. Y los paraísos fiscales son ante todo un mecanismo de los mercados financieros globalizados, que ofrecen ventajas competitivas como la baja o nula tributación y la ocultación de la titularidad real en las transacciones internacionales. Gozan de reconocimiento político internacional y de la protección de los lobbies financieros». Casualidades, Douglas Flint, el presidente del poderoso HSBC -el banco de Falciani donde un equipo de funcionarios de la Fiscalía de Ginebra irrumpía este miércoles para abrir una investigación criminal por «blanqueo de capitales agravado»-, preside también el Instituto de Finanzas Internacionales, el mayor lobby de la banca mundial.

El ministro Cristóbal Montoro alardeaba hace unos días de que la lista Falciani «es sólo el aperitivo», comparado con todo lo que se está investigando aquí: «Decenas de miles de nombres figuran en los ordenadores de la Agencia Tributaria». Pero los profesionales que siguen el rastro a estos evasores no son tan entusiastas. Ramsés Pérez Boya, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda -representa al 80% de un colectivo de 1.800 altos funcionarios-, es tan nítido como las webs de Delaware.

-A la Agencia Tributaria nos cuesta mucho entrar en esos esquemas de empresas. No podemos hacer nada porque las entidades de crédito no nos dan la información. La defraudación es de patio de colegio. Hay intermediarios con comisión, como el HSBC o la banca de Luxemburgo. Tan fácil hacerlo y tan difícil descubrirlo, salvo que haya una transferencia a un paraíso y podamos tirar del hilo o haya una filtración, como parece que ha pasado con los Pujol y la banca de Andorra. En los últimos dos años no ha habido ninguna norma que nos haya ayudado a luchar de verdad. Hay avances, con Suiza se ha mejorado algo, pero el intercambio de información no es todavía automático. No hay voluntad política de acabar con los paraísos.

Entre los fiscales de delitos económicos consultados, la opinión no es más alentadora. «Da la impresión de que la banca offshore (extraterritorial) se ha blindado», dispara Carlos García-Berro, de la Fiscalía Provincial de Madrid y vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales. Es sobrio, preciso.

-Grandes empresas del país tienen más de cien empleados en su departamento fiscal. ¿Cómo andan ustedes para rastrear sus trampas?

-Ayer trataba de escanear un documento y no tenemos ni escáner.

Pero el problema no es sólo el escáner.

El avance en la lucha contra el fraude fiscal en España es innegable. De «histórico» lo calificaba este miércoles Montoro y destacaba los 108.000 millones de euros que han aflorado de la declaración de bienes y derechos en el exterior, obligatoria desde 2013 a raíz de los cambios en la ley. Aunque en el ministerio no detallan qué porcentaje del pastel se ocultaba en territorios offshore: «Esa información no la damos, es reservada. En cualquier caso, la voluntad de luchar contra los paraísos es evidente, una prioridad de la política tributaria española», recalcan.

Una de las herramientas que más ilusionó a los que persiguen a los piratas fiscales es el fichero de titularidades financieras, «en fase de creación y que estará operativo en 2016», aclaran en el Ministerio de Economía. Las entidades de crédito deberán declarar ahí «la apertura o cancelación de cuentas corrientes, de ahorro, de valores y depósitos a plazo». También «los datos identificativos de los titulares, representantes o autorizados, así como de cualesquiera otras personas con poderes de disposición, la fecha de apertura o cancelación, el tipo de cuenta o depósito y los datos identificativos de la entidad de crédito declarante».

Así lo recoge la ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de 2010. Por fin, se dijeron jueces, fiscales, policías, guardias civiles y funcionarios de Hacienda. Pero el pasado mayo, el Ministerio de Economía aprobaba, con mucha discreción, un decreto donde se matizan algunos puntos: su artículo 51 añade que «las declaraciones no incluirán las cuentas y depósitos de las sucursales o filiales de las entidades de crédito españolas en el extranjero».