El fiscal encarga fijar la indemnización para los accionistas del Banco de Valencia a la CNMV

Fachada del edifico del antiguo Banco de Valencia.
Fachada del edifico del antiguo Banco de Valencia. / jesús signes

Las acusaciones estiman en más de 400 millones el daño causado, pero sólo podría beneficiarse quien denuncie antes de iniciarse el juicio oral

Á. MOHORTE VALENCIA.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido el encargo de la Fiscalía Anticorrupción para que fije la indemnización que corresponderá a los accionistas del Banco de Valencia, si se acredita el falseo de las cuentas de la entidad en 2009 y 2010. Con este informe se quiere concretar el daño causado y el dinero que deberían pagar los miembros de la cúpula que puedan ser condenados por haber alterado «la realidad contable» del banco en los años 2009 y 2010.

De este modo, se aviva la esperanza de los particulares que contaban con participaciones de la entidad y perdieron la práctica totalidad de su inversión sin conocer hasta ese momento la auténtica situación de la entidad. Como explica el abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apanbankval), Diego Muñoz, si los bienes de los condenados no fueran suficiente, se pide al juez que Bankia y la Fundación Bancaja (heredera también de la entidad valenciana y propietaria del Monte de Piedad) sean designados como responsables civiles subsidiarios.

De hecho, en las cuentas de Bankia se repite desde su intervención una nota de auditoría que advierte de esta eventualidad, aunque no se fije una provisión de fondos concreta para hacerle frente. Según explica Muñoz, la intención de los demandantes es que los beneficiarios sean los propietarios de acciones que no estuvieron presenten en el consejo de administración al que ahora se investiga. Se trata de los propietarios de 150 millones de acciones, un 30% del total.

Teniendo en cuenta el valor patrimonial neto de la entidad a 31 de diciembre de 2010, el daño causado con el posterior desplome del banco sería de 2,69 euros por acción, según estima Apanbankval. Así, los afectados se podrían repartir más de 400 millones, aunque otras acusaciones elevan la exigencia a casi el doble.

En el caso de que el juez apoyara esta indemnización en una sentencia condenatoria, la cantidad definitiva a la que se enfrentarían los afectados variaría también en función de los accionistas que se hayan personado en la causa. De hecho, los abogados que participan en la causa están recabando accionistas antes de que se presenten los escritos de conclusiones al término de la fase de instrucción, algo que no se prevé que ocurra antes de finales de año. Éste es el punto de no retorno desde el cual no se aceptan nuevos denunciantes.

Según los peritos que están declarando en la fase actual de instrucción, las cuentas que el Banco de Valencia ofrecía a sus accionistas desde 2008 no reflejaban una imagen fiel de la situación de la entidad y el Banco de España lo advirtió hasta siete veces en dos años a sus responsables. Para atestiguarlo se han presentado sucesivos informes, requerimientos y cartas que se cruzaron ambas entidades y de las que no fueron informados los accionistas.

De hecho, la entidad presentó las cuentas del primer semestre de 2011 con unos beneficios de 16,7 millones de euros y unas expectativas optimistas, cuando no había cumplido sus compromisos con el regulador para ampliar capital con el objetivo de volver a los ratios de solvencia mínimos ni hacer las provisiones adicionales necesarias. Sólo cuatro meses después, el Frob estimó sus pérdidas en 562 millones, hasta elevarlas al fin del ejercicio hasta los 922 millones.

Las defensas de la cúpula de la CAM piden la absolución

Los abogados de los miembros de la ex cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) solicitaron ayer la libre absolución de sus clientes por «falta de pruebas» a la hora de demostrarse que los exdirectivos falsearan las cuentas de la entidad entre 2010 y 2011, ocultando la realidad a los propios consejeros y al Banco de España. El abogado del exdirector general de la entidad Roberto López Abad, señalado por las acusaciones como primer responsable de las supuestas irregularidades por su condición de «administrador de hecho», negó que el consejo no estuviera informado de la situación cuando formaban parte de él «expertos empresarios y catedráticos». Por contra, la defensa del expresidente Modesto Crespo aseguró que, de ser ciertas las irregularidades, su defendido «no hubiera sabido comprender la naturaleza jurídica» de las mismas.

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