La exigencia de aparcamientos para bicis bloquea promociones de obra nueva en Valencia

Personas en bicicleta por las calles de Valencia. / manuel molines
Personas en bicicleta por las calles de Valencia. / manuel molines

La falta de reglamento autonómico hace que cada técnico reclame unos requisitos y agrava la inseguridad creada por la demora de licencias

INÉS HERRERO

valencia. Al menos dos plazas para bicicletas por vivienda y en una ubicación con acceso cómodo y fácil desde la red viaria. Eso es lo que exige la Ley de Movilidad autonómica de 2011 a las promociones de obra nueva, aunque la falta del reglamento correspondiente hace que esos requisitos varíen en función del municipio e, incluso, del técnico que los interpreta en cada caso.

En Valencia, los promotores aseguran toparse con tal nivel de exigencia y arbitrariedad en este asunto que, en ocasiones, los proyectos pueden estar «parados durante años».

Para una promoción de 104 viviendas como la planteada por Urbem en Malilla, no es lo mismo poder concentrar las 208 plazas para bicis en la terraza, con un ascensor que permita subirlas en horizontal, que reservar obligatoriamente dos plantas de parking que difícilmente se llenarán, ya que cuesta creer que los vecinos dejen las bicicletas de cierto valor en una zona común.

También hay quien pide que las bicis estén a pie de calle, con carril propio, o quienes sufren cambios de lo exigido en cuestión de meses, según el técnico de turno, por esa falta de un reglamento autonómico.

Así lo asegura el presidente de la Asociación de Promotores y Agentes Urbanizadores de Valencia, Antonio Olmedo, que recuerda que, como publicó LAS PROVINCIAS, la demora en las licencias deja en el aire la construcción de más de 1.500 viviendas, con cerca de setenta expedientes a la espera de permiso.

Con los proyectos paralizados, no pueden invertir, contratar, ni vender, a no ser que alguien quiera pagar una señal, a cambio de un recibo y la promesa de un piso a los cuatro años. El Ayuntamiento, a su vez, deja de ingresar ocho millones en impuestos, además de ahuyentar inversiones cuando, por ejemplo, tarda ocho meses en responder si autorizaría un cambio de uso para abrir un hotel en un suelo que albergaba oficinas.

Según Olmedo, el caos de las plazas para bicis es «la guinda de la preocupante situación del Ayuntamiento» y de la «inseguridad» creada al tardar siete meses en designar al técnico responsable y año y medio en dar luz verde a una obra que podría tramitar «en tres o cuatro meses». Para solventarlo, «incorporaron dos técnicos, pero ya están en otras cosas», señala, y ahora el alcalde ha creado una comisión, liderada por un técnico, para atajar el problema con la ordenanza de obras y actividades.

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