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Los empresarios valencianos hacen frente común contra la tasa turística y sus efectos

Los empresarios valencianos hacen frente común contra la tasa turística y sus efectos

Veintiséis entidades denuncian que favorece la economía sumergida y recorta el nivel de gasto del visitante

ÁLVARO MOHORTE

VALENCIA.

Viernes, 22 de septiembre 2017, 01:12

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La amenaza de la imposición de una tasa turística en la Comunitat Valenciana ha llevado a las patronales relacionadas con esta industria a unir sus fuerzas y poner negro sobre blanco las razones de su oposición. En total, 26 organizaciones has suscrito un manifiesto que recoge 20 motivos que van desde lo jurídico hasta el beneficio que generaría en la competencia o el perjuicio para el consumidor.

Ya de principio, las organizaciones considera que «no es una tasa, sino un impuesto, que viene a sumarse a la asfixiante presión fiscal que soportan empresas y ciudadanos». Además, advierte que «vuelve a favorecer a la economía sumergida frente a las empresas legales», entre las que sólo afecta a las que se dedican al alojamiento y no a todo el sector turístico.

Hasta organizaciones enfrentadas como la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la alicantina Coepa se han unido en esta causa en la que también participan los hoteleros de Hosbec, Unión Hotelera de Valencia y la Asociación de Hoteles Alicante Sur junto a la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca, Cámara Alicante, Cepyme, los comerciantes de Facpyme, los promotores inmobiliarios de Provía o la Asociación de Campings de Alicante, el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), entre otras.

El documento recuerda que «el sector turístico y empresarial se han manifestado de forma unánime en contra de este nuevo impuesto» plantean que la recaudación anual de la futura tasa, que cifra en 30 millones, «no justifica poner en peligro» un sector que genera entre el 13% del PIB y el 14% del empleo, lo que permite a la Administración recaudar 3.000 millones al año en impuestos, que no se habría compensado con inversiones públicas.

Además, lamenta que «ninguna otra actividad económica tiene una tasa o impuesto para compensar el supuesto daño medioambiental que genera: a ningún gobierno se le ocurriría gravar la agricultura, la fabricación de coches en el ámbito de esta comunidad autonómica o las aerolíneas que operan en este territorio para citar tres ejemplos».

Ya de cara al visitantes, se considera que manda un mensaje a los mercados de «saturación y turismofobia, mientras que la realidad muestra precisamente lo contrario, y porque la Comunitat Valenciana debe ser sinónimo de hospitalidad y de territorio 'tourist friendly'».

De hecho, entiende que restará poder adquisitivo a los turistas y limitará gravemente la competitividad de las empresas afectadas y «todo aquello que se deba pagar en concepto de tasa se dejará de gastar en oferta complementario como la restauración, las compras o el ocio».

Para los firmantes, la realidad turística valenciana «nada tiene que ver con Cataluña ni con las Islas Baleares, ni con las realidades de otras ciudades europeas». De hecho, recuerdan que la Comunitat tiene el peor ratio de gasto por turista, «lo que demuestra que no hay margen para incrementos de costes a través de esta ficción fiscal».

A pesar del alza de visitantes, el sector niega haber vivido ningún boom en 2017, sino que ha tenido peores datos. De ello culpa a «la creciente economía sumergida que se ha generado en torno al alojamiento ilegal en viviendas y plataformas digitales de distribución global».

Un mundo en el que se opera y se compite con Turquía, Egipto y Túnez, que buscan recuperar el mercado europeo perdido, o Andalucía, Murcia o Canarias, donde no hay tasa. De hecho, cita a los turoperadores europeos que advierten del efecto perjudicial de la medida que, además, recaerá en los propios valencianos, un 30% de los afectados.

Igualmente, el mercado británico (el principal de la Comunitat) sumará con esto un nuevo desincentivo que se une a los efectos que llegue a tener el 'Brexit'. Y es que, a su entender, la «tramitación, recaudación, gestión y finalidad» no tienen un «objetivo claro y transparente».

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